Redacción. Un total de 43 ayuntamientos, tres entidades locales menores, una mancomunidad y la Diputación Provincial se beneficiarán de los 4,8 millones de euros que destina el Gobierno de España a la provincia de Huelva del nuevo Fondo Social, una de las medidas puestas en marcha para garantizar la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales.
Así lo ha destacado el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, quien ha explicado que estos fondos permitirán a la Junta de Andalucía saldar las obligaciones pendientes de pago con las Entidades Locales a 31 de diciembre de 2014, derivadas de convenios suscritos en materia de gasto social y otras transferencias para prestación de servicios educativos, sanitarios y de servicios sociales.
De esta forma, 48 entidades locales de la provincia onubense podrán saldar sus deudas. “Estos 4,8 millones –ha añadido el subdelegado– permitirá que muchas ONG y muchas empresas de nuestra provincia puedan seguir adelante, y que, además, se salven muchos empleos”.
La Diputación de Huelva será la más beneficiada de este Fondo Social del Gobierno con 2,4 millones de euros, lo que supone la mitad de toda la cuantía destinada a la provincia. Le sigue el Ayuntamiento de Huelva con casi 939.000 euros y el Ayuntamiento de Moguer con cerca de 259.000 euros.
De los 4.833.248 euros que recibirá Huelva de este fondo estatal, un 86,5% estará destinado a satisfacer las obligaciones pendientes de pago relativas a servicios sociales –4.180.819 euros–, y un 11,9% a saldar deudas en materia de infraestructuras y servicios educativos –574.442 euros–. El resto se destina a obligaciones relacionadas con el fomento del empleo, acciones para la igualdad y salud pública, entre otras materias.
Durante esta legislatura, mecanismos como el pago a proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica o el Fondo de Financiación de Entidades Locales han permitido el cumplimiento global de los objetivos de estabilidad y garantizar la sostenibilidad financiera, lo que ha dado como fruto el superávit por segundo año consecutivo del conjunto del sector.
En este sentido, el subdelegado ha señalado que el objetivo último de todas estas medidas promovidas por el Gobierno de España es “asegurar la prestación de los servicios básicos fundamentales, preservar la sociedad del bienestar y respaldar la labor que desempeñan las administraciones más cercanas al ciudadano”.
