Redacción. Los medios de comunicación de toda España han puesto este viernes 20 de febrero a Huelva en el punto de mira después de que agentes de la Guardia Civil de Huelva hayan realizado un registro de la Diputación de Huelva a raíz de una denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno.
Los agentes culminaron las pasadas las 14,00 horas el registro iniciado a las 8.00 horas de la mañana. Sobre esa hora, los agentes salían por la puerta trasera del ente provincial portando cajas en las manos con los documentos requisados.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino ha ordenado este viernes 20 entradas y registro en ambas sedes en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en ayudas y subvenciones públicas.
La investigación que lleva a cabo la Policía Judicial por orden judicial se inició hace aproximadamente un año a raíz de una denuncia de dos ciudadanos particulares sobre contrataciones de un trabajador y de materiales de construcción en el citado municipio onubense. La investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario, trata de determinar si se han podido llevar a cabo contrataciones de forma irregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si éstas se han podido destinar a fines distintos.
Los registros llevados a cabo este viernes tienen por objeto la aprehensión de documentación y de los elementos necesarios para calibrar el alcance del presunto fraude. Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.
Hasta el momento no se han producido detenciones ni imputaciones de ninguna persona.
Por su parte, el portavoz de la institución onubense, José Martín, ha asegurado que “la Diputación respeta y colabora con la Justicia, como ha venido haciendo siempre” y ha añadido que los técnicos “están a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para facilitar aquella documentación que se nos solicite”.
Tal como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los registros de la Guardia Civil en la Diputación y en el Servicio Estatal de Empleo Público responden a una solicitud de información a raíz de una denuncia formulada por dos particulares sobre la Entidad Local Menor de Tharsis en relación a la gestión del PFEA. Por tanto, “no se trata de un programa de la Diputación, sino de la ELA”, según ha señalado José Martín, para quien “la Diputación no tiene ningún problema. Nuestro trabajo se ha hecho de manera absolutamente pulcra, y no nos cabe ningún otro papel más allá que ponernos al servicio de la Justicia”.
Con respecto a que a los trabajadores de la Diputación se les haya impedido el acceso a las dependencias para desarrollar su jornada laboral mientras se produce la revisión de la documentación por parte de la Guardia Civil, el portavoz ha considerado esta circunstancia un “exceso” porque la Diputación, como parte de la estructura del Estado, “jamás va a tener ninguna dificultad a la hora de poner a disposición de la Guardia Civil o de cualquier otra institución cualquier documentación que se nos solicite”.
