Redacción. La Consejería de Justicia e Interior ha abonado hoy 1,3 millones de euros a los abogados y procuradores de Huelva para liquidar todos los pagos pendientes por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita durante el pasado año. Con este abono, el departamento que dirige Emilio de Llera cumple el compromiso contraído con estos profesionales a finales de diciembre para sufragar todos los servicios correspondientes a 2014 y garantizar así esta asistencia jurídica fundamental para la ciudadanía sin recursos.
De esta cantidad abonada, la mayor parte -1,27 millones- corresponde a los letrados por las guardias y turnos de oficio realizados en los últimos tres trimestres del año, mientras que 31.842 euros se destinan a los procuradores por los gastos de funcionamiento y turno de oficio del último trimestre del pasado año. Con este pago, la Administración Autonómica ha abonado en el último año un total de 3,85 millones en la provincia para el sostenimiento de este servicio, de los que 3,44 millones corresponden a los abogados y 417.789 a los procuradores.
La Junta cumple así lo acordado con letrados y procuradores almerienses para culminar ahora el pago total del pasado ejercicio. El delegado del Gobierno andaluz, José Fiscal, ha asegurado que “este abono pone de relieve que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario para la Junta y forma parte de las políticas sociales y por la igualdad que venimos defendiendo”. En este sentido, ha destacado “la importancia de este servicio para garantizar la igualdad de la ciudadanía ante la Justicia y que queremos situar al mismo nivel de la educación, la salud y la dependencia”.
A nivel regional, la Administración autonómica ha sufragado a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores un total de 23,7 millones de euros, en su mayoría -23,1- para los abogados. Desde 2014 hasta la fecha se han abonado 66,6 millones en toda Andalucía para el sostenimiento de este servicio.
Más de 300.000 personas se benefician al año en Andalucía de la asistencia jurídica gratuita que prestan más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000).