Redacción. La Consejería de Turismo y Comercio creará una oficina específica para intermediar, informar y asesorar a los comerciantes afectados por los alquileres de renta antigua sobre la situación actual generada por la aplicación del fin de la moratoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y sobre las herramientas que tienen a su disposición para defender sus derechos.
Así lo anunció el consejero, Rafael Rodríguez, tras mantener una reunión con representantes de la plataforma ‘No al Cerrojazo’, de la Confederación de Empresarios del Comercio de Andalucía, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y de los sindicatos UGT y CCOO, además de organizaciones de consumidores y de los tres grupos parlamentarios.
Rodríguez, además, ha informado de que su departamento solicitará de nuevo una reunión urgente con los ministerios de Economía y de Fomento con el objetivo de modificar la actual LAU, que entra en vigor el 31 de diciembre, y establecer una moratoria adicional de otros diez años que evite el cierre de establecimientos y la pérdida de puestos de trabajo en el sector.
El consejero ha señalado que, desde la Junta, se van a recabar todas las ordenanzas que en este momento se están aprobando en algunos ayuntamientos de España para proteger a los comercios “señeros y singulares que, durante años, le han dado forma a las ciudades, los cascos históricos y al urbanismo”.
En este sentido, el consejero ha calificado la situación generada por la aplicación de la normativa estatal de “lamentable” y ha señalado que la entrada en vigor de esta ley “no es una cuestión baladí”, ya que afecta a 20.000 comercios andaluces y a alrededor de 100.000 trabajadores y que, además, “va en contra de un modelo de comercio de proximidad y de cercanía y de todos aquellos comercios que son la seña de identidad de los cascos históricos y los centros urbanos de las ciudades y municipios de Andalucía”.
A este respecto, el consejero ha defendido el modelo comercial andaluz, basado en el consenso con los agentes implicados y en el equilibrio de todos los formatos, y ha subrayado la importancia de un sector que representa en torno al 11% del producto interior bruto regional, aglutina a casi 165.000 establecimientos (pymes en un 94%) y ocupa a 480.000 personas, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.
