Redacción. Un total de 36.083 personas, el 7% de la población de Huelva, tiene reconocida oficialmente la discapacidad en la provincia al presentar un grado de minusvalía igual o superior al 33%, límite que marca la ley a partir del cual se determina esta consideración.
La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Lourdes Martín, ha dado a conocer este dato con motivo de la conmemoración este miércoles 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, durante el transcurso de unas jornadas de sensibilización social organizadas por la Asociación de Obras Cristianas en Gibraleón, entidad referente en la provincia y con una trayectoria de casi 40 años en la asistencia al colectivo, así como a otros grupos de población en situación de dependencia y desprotección. El encuentro ha incluido en su programa una charla-coloquio a cargo de la secretaria general de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Ana María Rey, y una exposición de los trabajos efectuados por los usuarios de los talleres ocupaciones de la asociación.
Al hilo del lema de las jornadas -‘Todos somos =’-, Lourdes Martín ha puesto de manifiesto la “firme apuesta” de la Junta de Andalucía por defender los derechos de las personas que padezcan cualquier tipo de discapacidad, “un compromiso que queda plasmado a través de la presencia cada vez mayor de la dimensión de la discapacidad, desde una perspectiva transversal, en todas las acciones del Gobierno andaluz”.
La delegada territorial también ha destacado las iniciativas que desde la administración autonómica se están poniendo en marcha para “apoyar y dar mayor visibilidad y protagonismo” al colectivo. En este sentido, según ha remarcado, juega un papel “determinante” la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad promovida por la Junta, que va a ahondar en la autodeterminación, capacitación y empoderamiento de estos ciudadanos, así como en el fomento de su vida independiente, el enfoque de género y la accesibilidad a las prestaciones de forma individualizada. El Consejo de Gobierno ha iniciado ya esta semana los trámites del anteproyecto de ley.
Avances. En paralelo a la elaboración de la futura norma, que actualizará los preceptos del marco jurídico vigente e incidirá en la protección y garantía de los derechos de este grupo poblacional, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, como responsable de estas competencias, se encuentra ya desarrollando el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, cuya finalidad es mejorar su accesibilidad en los ámbitos de la educación, vivienda, transporte, empleo, ocio, comunicación y medio ambiente, así como la atención que se les da desde los servicios sociales comunitarios y el voluntariado.
Enmarcadas en este plan, son numerosas las actuaciones de la Junta en este ámbito. Entre ellas sobresalen por encima de todas la defensa del sistema de dependencia frente a los recortes del Gobierno central, el impulso de medidas de ahorro fiscal, la puesta en marcha de programas de empleabilidad, la elaboración de planes de accesibilidad en los municipios, reformas en viviendas, adaptación de las instalaciones sanitarias –incorporación de consultas ginecológicas adaptas a las mujeres-, distribución de tarjetas de aparcamiento, concesión de ayudas económicas complementarias a las pensiones más bajas, subvenciones a asociaciones y entidades, o el incremento del uso de la lengua de signos en los servicios públicos mediante su regulación.
Obras Cristinas. La Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón, promotora de las jornadas celebradas hoy, gestiona una amplia variedad de recursos estructurales y servicios enfocados a ofrecer una cobertura integral a las personas con discapacidad y sus familias.
En concreto, en esta área específica cuenta con el centro residencial de atención a la discapacidad Cristo Roto, que dispone a su vez de dos programas residenciales destinados, por un lado, a personas gravemente afectadas y, por otro, a adultos. A estas dependencias ubicadas en Gibraleón se suma otro centro residencial –Betsaida- con sede en la localidad de Beas y que igualmente se divide en uno para gravemente afectados y otro para psicodeficientes. Entre todos estos dispositivos la Junta financia 110 plazas, que en lo que va de año han recibido ya 1,6 millones de euros en calidad de concierto.
La asociación también se ocupa de otro colectivo usuario del sistema de atención a la dependencia: el de las personas mayores. Con ambos, la cifra total de plazas concertadas por la administración autonómica en el ámbito de la dependencia asciende a 175, elevándose a algo más de 2 millones de euros la inversión concedida en 2014.
