Redacción. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha asistido hoy a la inauguración del III Encuentro con los Jueces y Secretarios de Paz de la provincia de Huelva, organizado por la Audiencia Provincial en la sede del Colegio de Abogados, donde ha ensalzado la labor que desempeñan en los pueblos de la provincia estos jueces, que son la “avanzadilla” de la administración de justicia.
Caraballo ha señalado que los jueces de paz «hacen una labor magnífica porque son los alcaldes de los pueblos de 1.000 y 2.000 habitantes», indicando además que su cercanía con los ciudadanos «resuelve muchos problemas». Estos cargos son elegidos en los plenos municipales y, aunque no necesitan tener formación académica ni ser licenciados, «cuentan con la autoridad natural y el reconocimiento de persona buena y respetable de sus conciudadanos», ha asegurado el presidente de la Diputación.
El presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Pontón, que ha tenido la iniciativa de organizar estos encuentros, ha remarcado que los jueces de Paz «son muy necesarios», indicando además que si desaparecieran, tal y como marca el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, «tendrían que sustituirlos». En declaraciones a los periodistas antes de presidir el encuentro, Pontón ha señalado que se trata de «una justicia muy olvidada y en muchas ocasiones abandonada». En total, en la provincia hay 73 juzgados de paz.
Por su parte, el vicedecano del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel, que ha sido uno de los ponentes del encuentro, ha defendido la permanencia de estos juzgados en sus competencias actuales “e incluso su potenciación en materias como la mediación» porque, a su juicio, se trata de «un elemento indispensable en el desarrollo social de los municipios que no cuentan con juzgados de primera instancia e instrucción».
Vergel ha hecho hincapié en que los juzgados de paz «llevan funcionando bien durante más de dos siglos”, por lo que cree que el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial «no tiene sentido», indicando además que están «capacitados para arreglar asuntos de pequeñas cuantías» y que «no suponen mucho coste» y sí contribuyen a agilizar la compleja administración de justicia.
