Redacción. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha autorizado el marisqueo en la zona de producción de la Barra del Terrón. La reapertura se produce después de que los continuos análisis, que realiza el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de Cartaya, hayan certificado la ausencia de E. coli en este enclave del litoral onubense, cuya aparición obligó al cierre de sus aguas el pasado viernes, 17 de octubre. Ya no hay, por tanto, salvo en el caso de la chirla contaminada por la biotoxina DSP, riesgos para la salud por el consumo de los bivalvos procedentes de este espacio, tales como la almeja chocha, el busano, la cañaílla, la coquina, el longueirón y la navaja-muergo.
La medida se produce después de que la consejería diera también luz verde a la actividad en el río Carreras y Mazagón al constatarse la desaparición de la DSP en estos enclaves del litoral onubense y decretara, en cambio, el cierre del caladero de Isla Canela al detectarse en él dicha biotoxina.
En estos momentos, al igual que ocurre en la Barra del Terrón, el río Carreras, y Mazagón, el marisqueo está permitido también en lo que al sector de la coquina se refiere, en Punta Umbría, Matalascañas y Zona Marítima de Doñana, así como las zonas de producción del río Guadiana, las Marismas del río Guadiana y las Marismas del Piedras.
Mientras, está prohibido el marisqueo, además de en Isla Canela, en las aguas de la Desembocadura del Piedras. Una situación se mantendrá hasta que la permanente toma de muestras y los análisis posteriores tanto de los moluscos como del agua certifiquen que no hay peligro alguno para la ciudadanía por la ingesta de bivalvos procedentes de estos enclaves.
Hay que recordar, en este sentido, que el cierre preventivo de los caladeros cuando se detectan valores superiores a los establecidos legalmente se enmarca dentro del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las zonas de producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, dirigido a la protección de la salud pública y a garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros.
