Redacción. La Junta de Andalucía ha presentado en Huelva el nuevo Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, aprobado por la administración autonómica con la finalidad de paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro, y que viene a dar continuidad a las medidas impulsadas el año pasado en este mismo ámbito.
El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Fiscal, ha dado a conocer, en compañía de la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Lourdes Martín, y del representante de la Oficina de la Vicepresidencia en la provincia, Antonio Marín, los programas incluidos en la normativa, que está dotada de una inversión total de 3.948.166 euros y se estima beneficiará a 8.810 onubenses y generará 1.695 empleos. Dicha cuantía supone un incremento de alrededor de 434.000 euros en comparación con la destinada en 2013 al anterior decreto contra la exclusión social.
Tal y como ha recordado Fiscal, este presupuesto se suma a otras diferentes iniciativas puestas en marcha por la Junta, como son el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares. “Andalucía vuelve a estar a la vanguardia a nivel nacional en la adopción de políticas sociales”, ha remarcado. Por su parte, Lourdes Martín ha abundado en que “la Junta prioriza una vez más los problemas de las personas y se sitúa junto a los ciudadanos”, mientras que Antonio Marín ha destacado “la apuesta del decreto por mantener el protagonismo de los ayuntamientos en su aplicación”.
La iniciativa del Gobierno andaluz se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Así, se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Los objetivos, por tanto, se centran en promover la inclusión de los ciudadanos que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente mayores y menores.
Fomento del empleo
El Plan de Inclusión a través del Empleo, que cuenta con un presupuesto para la provincia de Huelva de 2.712.938 euros, contempla un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación con el que está previsto realizar alrededor de 1.700 contrataciones a través de los ayuntamientos, permitiendo además el acceso a las personas que están sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social.
Otra de las líneas para la inclusión a través del empleo y novedosa en este decreto es la que fomentará la contratación de personas preceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, también conocido como Salario Social. Esta línea de la normativa permitirá reenganchar a perceptores del salario social al mercado laboral a través de contratos de, al menos, seis meses con un salario que será superior a la prestación de IMS, cotizando en el sistema general de la Seguridad Social. Asimismo, la empresa contratante recibirá una subvención de 2.500 euros.
Solidaridad y Garantía Alimentaria
El Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía incluye en su redacción el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social. Se trata de nuevas prestaciones de urgencia social, que serán gestionadas por los ayuntamientos, donde están incluidos los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas, o necesidades urgentes de alimentación y vestido o el pago del alquiler. Se otorgarán en función del número de desempleados del municipio, que recibirá entre los 3.900 euros y los 52.000 euros. Este programa tiene un presupuesto de 569.400 euros y se prevé que beneficie a 2.278 personas en Huelva.
Con 296.243 euros están dotadas también las Ayudas Económicas Familiares, prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias andaluzas.
Por otra parte, se mantiene el Plan de Garantía Alimentaria, con 369.585 euros, que continúa con el refuerzo en la alimentación infantil, facilitando tres comidas en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, y las escuelas de verano para el período vacacional; el refuerzo del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, y el catering a domicilio para mayores.
Este plan promueve igualmente la concienciación social y las prácticas de consumo responsable, impulsa el voluntariado y apoya a las entidades y organizaciones sociales adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y a las Entidades locales. También se va a crear en paralelo un Banco de Prácticas Innovadoras que permitirá a los integrantes de la red compartir las mejores experiencias, así como un sistema de información y seguimiento que sirva a los integrantes para el diseño de intervenciones cada vez más adecuadas y eficaces.
En la línea de apoyo a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria, que también se mantiene, se incluye la novedad de que entidades no lucrativas podrán presentar proyectos a los ayuntamientos que han recibido los fondos para colaborar en la gestión de los mismos.
Este decreto, que incluye fórmulas de seguimiento y evaluación del impacto de la crisis en la población andaluza y de sus propias medidas, modificará también tanto el procedimiento como los requisitos para el ingreso en centro residencial de personas mayores en situación de exclusión social, con el fin de flexibilizar el acceso a estos servicios residenciales de la Junta de Andalucía para estas personas.
