Redacción. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural cierra de nuevo al marisqueo de la coquina las zonas de producción de Matalascañas y el espacio marítimo de Doñana, después de que los análisis que realiza el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de Cartaya hayan vuelto a detectar la presencia de la biotoxina DSP y los consecuentes riesgos para la salud que conlleva el consumo de bivalvos procedentes de estas aguas.
En este sentido, al permanecer prohibida la extracción de coquina en el resto de zonas de producción a causa de la misma biotoxina, la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, ha anunciado que intensificará la toma de muestras en todo el litoral onubense a lo largo del fin de semana con el obejtivo de que el sector pueda volver a faenar con la mayor brevedad posible, ya que “somos conscientes y muy sensibles con los perjuicios que esta situación causa a sus rentas”. La delegada territorial ha garantizado que “en cuanto lleguen resultados que certifiquen la ausencia de DSP en cualquier punto de la costa de Huelva se dará luz verde a los mariscadores para que puedan retomar su actividad profesional”.
En la misma línea, González Bayo apela a la responsabilidad del sector marisquero, que se ha encontrado con este episodio de contaminación justo al término del periodo de la veda biológica de la coquina decretada por la Administración del 20 de abril hasta el 18 de mayo, para que cumpla con la normativa vigente que establece el cierre de los caladeros cuando se registra una alta concentración de biotoxinas en los moluscos por “cuestiones de salud pública”.
La delegada ha recordado que estas medidas se enmarcan dentro del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz que realiza la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, dirigido a la protección de la salud pública y a garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros. Un plan que, entre otras cosas, permite la adopción de medidas preventivas cuando se detectan valores superiores a los establecidos legalmente. Para ello, dispone de un complejo sistema de control sanitario que incluye permanentes muestreos tanto del agua como de los moluscos para comprobar si su ingestión es nociva para la salud.
La Junta de Andalucía reitera también que el marisqueo sin licencia está prohibido en cualquier momento y conlleva una sanción de carácter “grave”, calificación que, en el caso de que la actividad se desarrolle en una zona de producción cerrada por motivos sanitarios, se eleva a “muy grave”. Así, las sanciones por el incumplimiento de estas prohibiciones pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen moluscos bivalvos sin autorización (sanciones graves) y entre los 60.001 y los 300.000 euros para quienes desarrollen esta actividad en un caladero cerrado por la presencia de toxinas (sanción muy grave).
