Redacción. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha constituido en Huelva la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística con el fin de, según ha expresado la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, “dar un impulso a los planes urbanísticos y contribuir así a la reactivación de un sector que ha sufrido con especial virulencia las consecuencias de la crisis como es la construcción, siempre sobre el principio irrenunciable de la sostenibilidad”. El compromiso es, como ha continuado González Bayo, “tener en un plazo máximo de tres meses todos los informes que deben elaborar las distintas consejerías para su inclusión en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que elaboran los ayuntamientos”.
La Comisión, que nace en el marco del decreto de competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado el pasado mes de febrero, vendrá a simplificar procedimientos y a propiciar una administración mucho más ágil y atractiva para las iniciativas empresariales y dará seguridad jurídica a los inversores, los ciudadanos y los ayuntamientos. En esta línea, presidida por la delegada territorial e integrada por representantes de las distintas consejerías implicadas (se invitará también a participar a las distintas administraciones, tanto al Gobierno de la nación como a las diputaciones, y a expertos en la materia), será el único cauce para la recepción de los informes y su posterior entrega a los ayuntamientos.
Josefa González Bayo ha concretado, en este sentido, que las administraciones locales, en lugar de tener que dirigirse a cada uno de los departamentos de la Junta de Andalucía para pedir los informes que deben incorporar a sus PGOU una vez aprobados inicialmente (ambientales, de incidencia territorial, aguas…), sólo tendrán que acudir a este nuevo órgano. Éste, una vez revisada la documentación que se le entregue en primer lugar, contestará en un máximo de 10 días si es necesario subsanar algo, un plazo que, como ha precisado la delegada, no estaba regulado hasta el momento. Desde ese instante, la propia comisión se encargará de tramitar la petición de los citados informes, que deberán estar en posesión de los ayuntamientos en un periodo máximo de tres meses. De igual modo, la ratificación de los informes por parte de la Junta tras la aprobación provisional (la que sigue a la inicial) será de otro mes. “El reto que nos marcamos es que los PGOU puedan estar aprobados de manera definitiva en año y medio”, ha concluido Josefa González Bayo.
Vías pecuarias y cementerios. Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dentro de ese objetivo de agilizar y facilitar la ejecución de los planeamientos y evitar la demora de proyectos empresariales e inversiones interesantes para el desarrollo socioeconómico de los pueblos, ha modificado el reglamento de vías pecuarias y el perímetro de protección en torno a los cementerios. En el primer caso, si hasta la fecha sólo se clasificaban como suelo no urbanizable de especial protección, ahora también se podrán integrar en la red de espacios libres del municipio, garantizada siempre la titularidad pública y su condición de vía pecuaria. En el segundo caso, la protección, que incluía una segunda franja de 200 metros vetada para su urbanización, se podrá reducir exclusivamente a la primera, de 50 metros, de manera justificada.
