Redacción. “Dar cobertura a las familias en riesgo de exclusión social de una forma regularizada, atendiendo a criterios técnicos y no políticos y siempre en función de los informes preceptivos de los trabajadores sociales que acrediten la necesidad” es, según destacó el alcalde, Juan M. Polo, el objetivo de la nueva ordenanza Reguladora de las Ayudas para la Atención de Necesidades Sociales que ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento de Cartaya.
Se trata de un documento técnico que, “por primera vez regula la tramitación y concesión de las ayudas económicas y en especie que, en materia de Servicios Sociales, otorga el Ayuntamiento de Cartaya”, y que, a su juicio, “es totalmente necesario, porque se trata de una prestación económica que no debe atender en ningún caso a criterios arbitrarios o políticos, sino que debe concederse cuando el informe técnico de los trabajadores sociales considere justificado que concurren factores de riesgo de exclusión”.
Estas ayudas constituyen una prestación económica no periódica “para afrontar los gastos específicos de carácter básico, relativo a las necesidades alimenticias, de vestido y salud, medicinas, gastos de equipamiento, enseres básicos, así como uso y mantenimiento de la vivienda habitual que impidan el desahucio y corte de suministros básicos”, según recoge el texto literalmente. También para cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, así como otros gastos excepcionales valorados por los trabajadores sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias.
Polo aseguró al respecto que “este Equipo de Gobierno ya garantizó en este pleno que en Cartaya no se cortará el agua a ninguna familia en riesgo de exclusión social, y esta ordenanza recoge este aspecto, así como el mantenimiento de garantías básicas como la alimentación o la disponibilidad de alojamiento y/o vivienda”.
El propio texto establece que este tipo de ayudas tienen que estar necesariamente incluidas en un proceso de intervención social con un análisis completo de la situación individual y/o familiar; que deben concederse sólo en situaciones acreditadas de necesidad y previo informe favorable y valoración del trabajador social.
