El Programa de Fomento del Empleo Agrario destina a Huelva más de 12,2 millones de euros

Reunión de la Comisión del Profea.
Reunión de la Comisión del Profea.
Reunión de la Comisión del Profea.

Redacción. La Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA) ha aprobado esta mañana, en una reunión presidida por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, la distribución provincial de los fondos que, a través de este programa, el Estado destina a Andalucía. La asignación regional asciende este año a 147,712 millones de euros, de manera que se mantiene el importe de los fondos asignados a Andalucía el pasado año.

En el contexto actual de ajustes presupuestarios, la delegada ha asegurado que estos fondos  son  “cruciales” para una Comunidad Autónoma como Andalucía, que “cuenta con un alto nivel de jornaleros que dependen directamente del empleo agrario y de las obras que se proyectan en el PROFEA para la época de cese de actividad agraria”. Además, ha valorado “el doble esfuerzo” del Gobierno “por priorizar el PROFEA frente a otros programas dentro de sus políticas de empleo”, y “por mantener intactas las ayudas durante el último año”, después de la revalorización de un 4% que se hizo en 2012.


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Reparto provincial. En la reunión de la Comisión Regional, celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, y en la que han participado representantes de las administraciones central, autonómica y local, así como de sindicatos y organizaciones agrarias, se ha dado el visto bueno al reparto por provincias de los fondos destinados a subvencionar en 2014 la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en obras de interés general y social.

El total por provincias de las subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el año 2014 es el siguiente:


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SUBVENCIONES SPEE-CORPORACIONES LOCALES

 
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
ANDALUCIA
PROVINCIA/

P.GARANTIA

P.GENERADOR

TOTAL

COMUNIDAD

DE RENTAS

DE E. ESTABLE

 
ALMERÍA

6.695.507,40

1.759.950,64

8.455.458,04

CÁDIZ

12.153.054,65

3.417.584,80

15.570.639,45

CÓRDOBA

17.875.718,72

4.813.209,08

22.688.927,80

GRANADA

15.859.156,99

4.219.529,31

20.078.686,30

HUELVA

9.699.432,74

2.569.426,37

12.268.859,11

JAÉN

14.899.325,15

4.030.300,28

18.929.625,43

MÁLAGA

12.928.541,73

3.479.992,80

16.408.534,53

SEVILLA

26.242.305,67

7.069.911,67

33.312.217,34

ANDALUCÍA

116.353.043,05 

31.359.904,95 

147.712.948,00 

Un 78,77% del total de los fondos del PROFEA destinados a las provincias andaluzas corresponden al Plan de Garantían de Rentas, lo que se traduce en 116,353 millones de euros. Se trata de ayudas que el SPEE otorga directamente a los municipios en función del criterio de reparto de demanda/oferta, cuya finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.

El 21,22% restante del total de fondos asignados para Andalucía, 31,359 millones de euros, corresponden al Plan Generador de Empleo Estable. En cuanto a su reparto interprovincial, la aprobación de los proyectos presentados por los municipios estará vinculada al número de empleos estables que se contemplen y a que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis.

La Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario estima que los fondos del PROFEA destinados a Andalucía generan anualmente más de 1,8 millones de jornales.

Incidencia en la empleabilidad. La delegada ha destacado la “mejora en la gestión de estos fondos, que se ha traducido en un incremento en el número de contratos a lo largo del 2013 y en el número de proyectos presentados”. Las estimaciones apuntan, además, a que una vez que hayan finalizado todas las obras e hayan generado 1.850.000 jornales.

Crespo ha recordado que durante el pasado año los fondos del PROFEA, 147,712 millones de euros en Andalucía, generaron “más de 112.000 contratos en Andalucía”, respecto a los 90.000 del año anterior, y permitieron subvencionar la contratación, por parte de los ayuntamientos, de trabajadores desempleados en obras de interés general y social para los municipios que “difícilmente se harían con otros fondos”, por lo que “se configuran como “ayudas estratégicas para un sector tan importante en Andalucía como el agrario”.

Por otro lado, los fondos del pasado año han posibilitado la puesta en marcha de 2.107 proyectos en Andalucía, frente a los 1.933 del año anterior, presentados por 706 municipios, 27 entidades menores, 10 mancomunidades y las diputaciones provinciales.

La delegada ha explicado que durante el ejercicio 2013 las inversiones realizadas han incidido en la empleabilidad de más del 90% de los municipios andaluces”, al tiempo que “han permitido mejorar las infraestructuras de los municipios e impulsar acciones necesarias para su desarrollo”.

Además, Crespo ha hecho hincapié en el interés de la Comisión por diversificar proyectos más allá de las infraestructuras municipales, priorizando actuaciones dirigidas al desarrollo rural y agrario, como los arreglos de caminos rurales.

Los plazos. La delegada ha precisado que la Comisión se ha reunido “en tiempo”, pues aún no han finalizado las obras del ejercicio anterior, que en muchos casos continúan hasta el mes de junio con una prórroga especial. Además, la Comisión nacional se reunió a principios de marzo para determinar las cantidades correspondientes a las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Por otro lado, Crespo ha negado cualquier incidencia que pudiera tener la gestión de estos fondos con la reforma local, que “pretende clarificar competencias” para “garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y su financiación, evitando que las entidades locales se vean asfixiadas económicamente por tratar de hacer frente a competencias impropias”.

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