Redacción. La Junta de Andalucía ha exigido a los representantes de la Asociación de Industrias, Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe) que adopten cuantas medidas sean oportunas para evitar que se produzcan episodios como el registrado el pasado 12 de enero. Esta misma exigencia se le trasladará a las empresas que no pertenecen a esta asociación.
Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Fiscal, durante la reunión mantenida con responsables de la Aiqbe y en la que han participado también el director general de Prevención y Calidad Ambiental, Jesús Nieto, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo.
Los responsables de la Administración autonómica han urgido a la industria a tomar medidas para minimizar los efectos que se producen en determinadas condiciones atmosféricas sobre la capital y el área metropolitana. El delegado del Gobierno ha anunciado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio “va a realizar un plan de acción para evitar estas situaciones y para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad”.
También ha recordado que Huelva cuenta con un Plan de Emergencia Química que “nunca se ha puesto en marcha porque no ha hecho falta”. Fiscal ha explicado que el 12 de enero, debido a las condiciones meteorológicas “una especie de vaso se posó sobre la ciudad, impidiendo que las emisiones circulasen con normalidad”.
“Esta situación –ha reconocido el delegado del Gobierno- produce alarma justificada en la ciudadanía, por lo que nos vemos obligados a pedir a las fábricas que adopten medidas, ya que no podemos permitir que estos episodios se reproduzcan”. También ha subrayado que los representantes de la Aiqb “han asumido las indicaciones realizadas por la Junta de Andalucía”.
Por su parte, el director general de Calidad Ambiental ha informado que el plan de la Administración andaluza consta de diferentes fases que van desde conocer las condiciones de contorno en las que se produjo el incidente del pasado 12 de enero, así como la recopilación de información sobre otros anteriores; tomar muestras de las zonas en las que potencialmente podrían estar los causantes, caraterizarlas, modelizarlas y simular escenarios en función de las muestras. Con esta información se determinará el agente causante y, consecuentemente, se adoptarán las acciones correctivas necesarias.
El director general ha adelantado que se montará un dispositivo permanente para que “en el caso de que se produjera algún incidente, tomar muestras de manera inmediata para compararlas con las huellas ya registradas y detectar el origen y causante del episodio”.
El delegado del Gobierno ha recordado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio “descartó que los olores registrados el 12 de enero en la capital se debieran a la superación de los límites de contaminación permitido de dióxido de azufre (SO2), de dióxido de nitrógeno (NO2) o del nivel medio diario de partículas”.
El informe de los técnicos concluyó que los datos recogidos por las 31 estaciones de medición de la calidad del aire repartidas por el área de influencia de la capital fueron los habituales de la zona, de modo que “por sí solos, no justificaban el episodio acaecido”. Los técnicos achacaron en buena medida el ambiente de acidez que se respiró en Huelva a la suma de otros factores de carácter meteorológico.
De hecho, la alta humedad relativa del aire, las altas presiones, la baja velocidad del viento y la dirección del mismo con componente sur que se dieron sobre la ciudad entre las 18:00 y las 23:00 horas del día 12, “provocaron una situación atmosférica de estancamiento en la que la circulación y renovación del aire fue, prácticamente, inexistente”. Esto derivó, en que los agentes contaminantes presentes en la atmósfera quedaran atrapados, con unas posibilidades de recirculación o renovación muy lentas. Este fenómeno se conoce como inversión térmica.