Redacción. Los responsables de los ayuntamientos de la provincia de Huelva han acudido este lunes a un encuentro en la capital en el que han conocido de cerca las características del Pacto Andaluz por la Accesibilidad, puesto en marcha por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, con el objetivo de que se adhieran a esta estrategia que persigue convertir a los municipios onubenses en entornos más accesibles para las personas discapacitadas en todos los órdenes, así como que los ciudadanos en general disfruten de sus derechos con independencia de cuáles sean sus capacidades funcionales.
El director general de Personas con Discapacidad de la Junta, Gonzalo Rivas, y la delegada territorial del ramo, Lourdes Martín, han sido los encargados de promover la adhesión de los representantes a esta iniciativa cuyo cumplimiento viene recogido en el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Además de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el pacto ha sido suscrito por las consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y de Fomento y Vivienda, además de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Andalucía), los sindicatos UGT y CC OO, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los colegios oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. En resumen, todos las instituciones públicas, organismos, entidades y agentes económicos y sociales que trabajan en este ámbito.
En el documento, los firmantes manifiestan la necesidad de conseguir una Andalucía más accesible e incrementar el nivel de autonomía de la población, algo que no sólo beneficia a los discapacitados, sino al conjunto de la población (personas mayores, las que tienen circunstancias transitorias discapacitantes, mujeres embarazadas, personas que portan sillas de bebés u otras cargas), a la vez que supone un valor añadido de calidad de vida en las ciudades y de potencial económico de los bienes, productos y servicios.
Las políticas de promoción de la accesibilidad universal recogidas en el pacto vienen a dar respuesta a los resultados de la ‘Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia’ elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Dicho estudio refleja que más de la mitad de las personas con discapacidad tienen barreras en sus lugares de vivienda y edificios –en el portal, ascensor, escaleras o cuarto de baño-; en las vías públicas, tales como subir o bajar de la acera, cruzar la calle, mobiliario e identificar calles, cruces o señales, y en el transporte público y privado: subir y bajar del vehículo, acceder a las estaciones, orientación e interpretación de señales, etc.
En la actualidad, en la provincia de Huelva un total de 42.300 personas presenta algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. De ellas, 35.145 la tienen reconocida oficialmente -17.208 hombres y 17.937 mujeres-, al contar con un grado igual o superior al 33%, límite que marca la ley a partir del cual se determina esta consideración. Se trata, además, de una cifra que ha crecido considerablemente en los últimos años y que lo sigue haciendo debido al progresivo aumento de la esperanza de vida.
Para afrontar esta realidad, el pacto pivota en torno a cuatro ejes principales: concienciación y formación, normativo, actuaciones de fomento, y participación. En el primer apartado, los objetivos se centran en promover en foros, congresos o publicaciones la accesibilidad como fuente de bienestar social de la ciudadanía y riqueza, llevar a cabo actuaciones formativas sobre las exigencias en la legislación y las necesidades específicas del colectivo, elaborar manuales de buenas prácticas, y confeccionar campañas de concienciación para la ciudadanía en general y la población escolar en particular.
En cuanto a las medidas normativas, su finalidad es facilitar la aplicación de las diferentes leyes en materia de accesibilidad, fundamentalmente en los municipios, que es donde se desarrolla la actividad personal. Para ello se va a fomentar la aprobación de ordenanzas municipales y la elaboración de instrumentos técnicos de asesoramiento, junto a la mejora de los mecanismos de control de su cumplimiento.
En el caso de las actuaciones de fomento, destaca el impulso a los planes de accesibilidad de carácter municipal para la adaptación del entorno existente. En este sentido, el 60% de las localidades onubenses dispone ya de planes de este tipo, una cantidad que se pretende ampliar. También son reseñables la adopción de acciones concretas para favorecer al acceso al transporte, actividades culturales y deportivas, y nuevas tecnologías de la información y comunicación; el reconocimiento social de proyectos públicos o privados enfocados a mejorar la situación; la inclusión de exigencias de accesibilidad en la contratación pública y en los sistemas de calidad de las administraciones, y la promoción de la empleabilidad entre la población discapacitada.
Por último, en materia de participación se remarca el compromiso de incorporar a los representantes de las asociaciones y entidades vinculadas a estos grupos ciudadanos en la toma de decisiones y en las políticas en este campo.
