Redacción. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y el Ayuntamiento de Ayamonte han firmado este miércoles 30 de octubre un acuerdo para el desarrollo y ejecución de medidas judiciales de medio abierto sobre menores infractores. El convenio ha sido suscrito por el delegado del Gobierno, José Fiscal, y el alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo. Durante la rúbrica, el delegado ha señalado que “es conveniente la colaboración y coordinación entre Junta y los ayuntamientos para conseguir una intervención más eficaz con los menores sujetos a medidas judiciales como consecuencia de su conducta infractora”.
El convenio incluye medidas como las prestaciones en beneficio de la comunidad que sean impuestas a menores infractores residentes de Ayamonte; la realización de tareas socioeducativas; llevar a cabo actividades reparadoras en favor de la sociedad; seguimiento y cooperación por parte de la Policía Local, para que se cumplan las medidas de permanencia de fin de semana.
Fiscal ha recordado que “en lo referido a las medidas no privativas de libertad, la Junta ha ajustado los recursos a la diversidad de medidas; se ha especializado en justicia juvenil al personal como requisito necesario para la intervención con este tipo de menores; y se ha dado un impulso a los equipos de mediación”.
La Delegación del Gobierno, a través del Servicio de Justicia y de una comisión de seguimiento creada para tal fin, programará y desarrollará en coordinación con el Ayuntamiento proyectos socio-educativos, así como la evaluación de la efectividad de la medida sobre el cambio de actitud en los menores.
Las actividades que deben realizar los menores serán tareas en beneficio de la comunidad y que deben de tener en cuenta que la realización de la actividad no suponga nunca una interferencia en la actividad escolar del menor o de la menor, que se adapte a su capacidad y por supuesto, que no implique ninguna relación laboral con el ayuntamiento.
La Junta de Andalucía destina casi 1,6 millones a centros y servicios para menores en Huelva. Andalucía ha incrementado la inversión en la intervención con menores en conflictos con la ley penal en más de un 300% desde 2002. Actualmente, hay atendidos en torno a 200 menores por 46 educadores y técnicos en los distintos medios de atención que dispone la provincia onubense.
Además, de estos recursos, la Junta ofrece el Servicio de Mediación para la reparación y conciliación con las víctimas respecto a aquellas faltas de menor y el Servicio Integral de Medio Abierto, compuesto por 13 profesionales que lleva a cabo la elaboración de programas, el desarrollo y control de las libertades vigiladas para realizar el cumplimiento de las medidas en medio abierto impuestas por el Juzgado de Menores de Huelva, así como el tratamiento ambulatorio de salud mental y drogodependencias.
Decreto de Exclusión Social. El delegado del Gobierno también ha saludado a las personas que han sido contratadas gracias al Decreto de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social de Andalucía. En este caso, el ayuntamiento ha recibido algo más de 102.500 euros que destina a la contratación de 65 personas por un período de dos meses.
Así, ha subrayado que “las administraciones públicas sabemos que el paro constituye el principal problema que afecta a la ciudadanía. Por eso no podemos resignarnos o esperar a que la crisis amaine: debemos concentrar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance y movilizarlos para la generación de empleo”. En esta línea de creación de puestos de trabajo a través de los fondos públicos implementada por la Junta es donde se incardina la ayuda que posibilita al Ayuntamiento formalizar estos contratos de trabajo.
“Somos muy conscientes –ha remarcado Fiscal- de que la crisis se ha cebado con los colectivos más vulnerables, sobre todo con aquellas personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro”. Por ese motivo, “hemos de concentrar los esfuerzos en el acceso a la contratación, la amortiguación del desempleo, garantizar el salario mínimo de solidaridad y asegurar la alimentación de las personas en riesgo de exclusión”, concluye.
Para paliar precisamente el daño que se le está causando al pilar del estado del bienestar, “el Decreto contra la Exclusión pretende mantener y afianzar el Servicio de Ayuda a Domicilio para evitar la pérdida de empleo que suponen los recortes estatales, para lo cual destina a Ayamonte otros 5.556 euros”.
