Redacción. La Junta de Andalucía ha expuesto el Plan de Protección del Corredor Litoral en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Cpotu) como una “oportunidad para un desarrollo económico y un modelo turístico y urbanístico de excelencia”. Así se ha puesto de relieve en la reunión de este órgano colegiado que preside en Huelva el delegado del Gobierno, José Fiscal, y en el que el director general de Urbanismo, Manuel Benabent, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, ostentan las vicepresidencias primera y segunda.
José Fiscal ha insistido, en este sentido, en la importancia de una norma que protegerá en la provincia hasta 6.700 hectáreas y con la que Andalucía “viene a marcar la diferencia”. Un punto en el que ha valorado que el Plan se erige en antítesis de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central, que “llega para desregularizar y privatizar el dominio público, poniendo el interés particular y la voluntad de negocio de unos pocos, en algunos casos de los propios infractores, por delante del interés general y la salvaguardia del medio ambiente”.
El delegado del Gobierno en Huelva ha remarcado, no obstante, que “lo hacemos, además, sin comprometer de ningún modo el crecimiento de nuestros municipios”, afirmación que sustenta en que las localidades afectadas “disponen, a día de hoy, de suelo suficiente como para albergar hasta 11.000 viviendas”. El Plan de Protección del Corredor Litoral, por tanto, “no es más que una apuesta firme de la Junta de Andalucía por aportar a nuestra oferta turística el valor añadido de la calidad, algo que consolidará, sin duda alguna, la condición de Huelva como un destino sostenible e inmejorable”.
El director general de Urbanismo, Manuel Benabent, ha recordado que el Plan de Protección y el Informe de Sostenibilidad Ambiental está en estos instantes sometido a exposición pública. Así permanecerá hasta el próximo jueves 31 de octubre, de modo que los actores implicados y los agentes sociales interesados aún disponen de dos días para presentar las alegaciones que estimen oportunas.
La delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, ha aseverado, en esta misma línea, que, “como no podía ser de otra manera, se estudiarán todas las alegaciones con el máximo rigor y nos sentaremos con cada ayuntamiento afectado para analizar cada una de las mismas“. El objetivo es que “entre todos, como siempre, desde el diálogo, cerremos un Plan de Protección con el que encontremos el máximo equilibrio entre medio ambiente y desarrollo urbanístico, porque esa armonía es la que enriquece nuestra provincia”.
La Comisión ha aprobado, además, dos modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de Cortegana y San Bartolomé de la Torre. En el primer caso, se trata de un cambio de clasificación de una parcela de 34.781 metros cuadrados colindante con el núcleo urbano, en la zona conocida como Rincón del Cura, en el entorno de la intersección entre las carreteras N-435 y HU-8104. Pasa de ser suelo no urbanizable de carácter natural o rural a delimitarse como sector de uso global terciario (no residencial), una medida que está más justificada ante la ausencia de terreno destinado a este fin dentro del propio casco corteganés.
En lo que se refiere al PGOU de San Bartolomé de la Torre, por su parte, la modificación que ha visto la luz verde de la Comisión ajusta una superficie de 60.000 metros cuadrados a la estructura real que presenta la propiedad, que queda definida desde ahora por una franja de 55.000 metros cuadrados de suelo urbanizable agropecuario y otros 5.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable de preservación general rústica.
