Redacción. El sector citrícola español, representado por las organizaciones agrarias, Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agroalimentarias de España han iniciado una serie de actuaciones para reclamar la paralización de las importaciones de Sudáfrica, que entrañan un grave riesgo fitosanitario para nuestra citricultura.
En el mes de noviembre de 2012, la Unión Europea anunció medidas de lucha contra el riesgo de infección de las plantaciones europeas, debido a la importación de cítricos con Guignardia citricarpa (Black Spot) desde Sudáfrica. La Comisión reaccionaba así al incremento registrado del número de intercepciones desde 2011, a las deficiencias detectadas en el sistema de control y daba respuesta a la falta de colaboración por parte de la administración sudafricana, que había estado ignorando sistemáticamente las demandas y propuestas para corregir la situación que le fueron planteadas desde Bruselas.
Posteriormente, en marzo, tras la denuncia de Asaja-Huelva y las gestiones de su presidente, José Luis García-Palacios Álvarez con el Ministerio de Agricultura durante una reunión mantenida con su secretaria general, Isabel García Tejerina, la Comisión, siguiendo un procedimiento transparente y proporcional a la gravedad del dossier, anunció medidas drásticas, como la paralización de las importaciones de cítricos de la mencionada procedencia, en el caso de que se llegara a una quinta interceptación y en tanto en cuanto la administración sudafricana no aportara suficientes garantías de seguridad.
Sin embargo, habiéndose producido esa quinta interceptación a finales de agosto, la Comisión no ha reaccionado aún de manera coherente con la regla que ella misma estableció. Contrariamente a lo previsto, la Comisión estaría dando largas, alegando que nos encontramos al final de la campaña, “analizando la situación”, evaluando posibles medidas y, en todo caso, dilatando su reacción.
Las organizaciones representantes del sector citrícola español consideran que esas vacilaciones son incomprensibles e inadmisibles, defendiendo que la Comisión no puede sino tomar la decisión del cierre cautelar de la frontera de manera inmediata. Primero, por respeto a su compromiso con la defensa de la sanidad vegetal de las plantaciones, que están expuestas actualmente a un gravísimo peligro. Segundo, por rigor y coherencia con su declaración de marzo: ya que si falta a su palabra, la Comisión estaría anulando su credibilidad y debilitando su posición y la eficacia de los instrumentos de protección de cara a futuras intervenciones.
Por ello, por un lado se ha dirigido un escrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para pedirle que exija a la Comisión Europea que implemente las medidas coherentes y previstas con carácter urgente y, por otra parte, se trabaja con el Copa-Cogeca para que actúe en la misma línea.
