Redacción. Los 197 inquilinos de los inmuebles públicos que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía posee en Punta Umbría disfrutarán de una bonificación del 95% en el pago del tributo municipal del IBI gracias al convenio rubricado por la consejera de Elena Cortés y el alcalde de la localidad, Gonzalo Rodríguez.
Con este acuerdo, Punta Umbría se convierte en el primer municipio de toda Andalucía que aplica esta medida, solicitada por la Consejería de Fomento y Vivienda al conjunto de ayuntamientos con parque residencial gestionado por la Administración autonómica con el fin de adecuar el abono de este tributo municipal a las condiciones socioeconómicas de los residentes, cuya economía familiar se ha visto especialmente castigada por la actual situación de crisis.
En este sentido, el alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, ha manifestado su orgullo por ser “la primera localidad andaluza en firmar un convenio de este tipo», añadiendo que esta medida «es una forma de estar cerca de las familias con menos recursos, algo muy importante en la situación económica actual”.
Cortés ha destacado que la asunción de este compromiso por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría es “un ejercicio de responsabilidad, que tiene como objetivo aliviar las condiciones económicas de familias con menos recursos, para las que el pago de los impuestos puede llegar a suponer un gran esfuerzo”. “En ocasiones, en el parque público la cuantía del IBI es incluso mayor que la del alquiler de su vivienda”, ha señalado.
Este descuento del 95% de las cuotas del IBI estará vigente hasta el año 2015 y se aplicará a las viviendas públicas localizadas en las barriadas del Rocío, Juan Carlos I y Plaza Piletas de Punta Umbría.
El convenio firmado recoge que el arrendamiento y venta de inmuebles protegidos de promoción pública ha de considerarse como una actividad económica de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, invocando para ello la normativa estatal sobre tributos locales. Además, el acuerdo fija una serie de compromisos por parte de ambas administraciones.
El Ayuntamiento propondrá a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), responsable de la gestión de los inmuebles, fórmulas que faciliten el pago del IBI a las familias adjudicatarias de viviendas públicas con problemas;, la Consejería de Fomento y Vivienda repercutirá este impuesto local a los adjudicatarios de estos inmuebles en un plazo que oscilará entre uno y cinco años, en virtud de los estudios socioeconómicos de cada familia.
