Redacción. La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha autorizado el marisqueo las zonas de producción de Punta Umbría, Mazagón, Matalascañas y el espacio marítimo de Doñana después de que los continuos análisis que realiza el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de Cartaya hayan confirmado la ausencia de riesgos para la salud por el consumo de bivalvos.
La resolución pone fin así a 15 días de cierre de la totalidad del caladero onubense de la coquina y la chirla tras detectarse la presencia de la toxina DSP o salmonella. En las cuatro zonas está ya permitida, por tanto, la captura y comercialización de esas dos especies, así como de otros bivalvos como la almeja chocha, el busano, la cañaílla, el longueirón y la navaja-muergo.
La actividad sí se mantiene prohibida, en cambio, en las aguas del río Guadiana, Isla Canela, la barra del Terrón y la desembocadura del Piedras. En estos puntos de la costa de Huelva se podrán retomar también las labores de marisqueo en cuanto los permanentes análisis del Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros ubicado en Cartaya certifiquen la ausencia de peligro para la salud pública.
Estas medidas se enmarcan dentro del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz que realiza la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, dirigido a la protección de la salud pública y a garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros. Un plan que, entre otras cosas, permite la adopción de medidas preventivas cuando se detectan valores superiores a los establecidos legalmente. Para ello, dispone de un complejo sistema de control sanitario que incluye muestreos tanto del agua como de los moluscos para comprobar si su ingestión es nociva para la salud.
La Junta de Andalucía recuerda también, en este sentido, que el marisqueo sin licencia está prohibido y que las sanciones por este incumplimiento pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen bivalvos sin autorización.
