Redacción. La Junta de Andalucía ha incrementado en un 6% con respecto a 2011 y en un 25% en comparación a 2010 el número de jóvenes atendidos dentro del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo en la provincia de Huelva, que en 2012 ascendieron a un total de 752, según se desprende de la memoria de esta actuación correspondiente al año pasado presentada hoy por la delegada territorial de Salud y Bienestar Social, Lourdes Martín.
El programa, de cuya coordinación y seguimiento se ocupa el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la delegación del ramo, se enmarca en las políticas de la Junta encaminadas a promover los derechos y el desarrollo integral de los menores, a la vez que apoyar a los padres para que cumplan de forma positiva el ejercicio de la función parental y den una respuesta satisfactoria a las necesidades de los niños a su cargo.
La memoria también pone de relieve un aumento en las familias beneficiarias del programa, que han pasado de 312 en 2010 a 369 en 2011 y 399 en 2012, lo que implica una subida en los tres últimos años del 28%.
Esta prestación de la administración autonómica tiene un carácter fundamentalmente preventivo y una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo los factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, en aquellos casos en que sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Para ello dispone de dos subprogramas: de riesgo y de reunificación familiar.
Con vistas a ofrecer esta prestación, la Consejería de Salud y Bienestar Social firma anualmente convenios con las siete corporaciones onubenses con competencias en materia de servicios sociales: los ayuntamientos de Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer –todos ellos con más de 20.000 habitantes-, así como la Diputación, que presta cobertura a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Estos convenios van acompañados de una subvención por parte de la Junta que en 2012 fue de 1.225.969 euros y que supone el 81,07% del coste total del programa.
Esta inversión permite la existencia en la provincia de Huelva de 12 equipos de tratamiento familiar (ETF), que son los encargados de aplicar el programa y realizar las intervenciones. Estos equipos están integrados por un total de 38 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares.
El número total de casos cerrados por los ETF durante 2012 ha sido de 138, mientras que el de casos nuevos que han entrado al programa se ha situado en 156. El principal motivo por el que se han cerrado un mayor número de casos se corresponde con la consecución de los objetivos fijados de tratamiento del riesgo social y reunificación.
Importantes resultados. Además del incremento en su capacidad de cobertura de población en situación de riesgo, entre los resultados más destacados del programa expuestos en la memoria se encuentran los siguientes. En primer lugar, descenso tanto en el número de desamparos decretados por la Junta -77 resoluciones en 2012 por 94 en 2011- y de menores tutelados por la administración andaluza -512 en 2012 frente a 572 en 2011-. “Estas cifras ponen de manifiesto que los trabajos de prevención y reunificación familiar que se llevan a cabo a través de este programa son claves para evitar el desamparo de los menores”, ha explicado al respecto la delegada territorial, Lourdes Martín.
En segundo lugar, evolución favorable en reunificación familiar. De hecho, los casos cerrados tras conseguir su objetivo de recuperar la convivencia de los padres con sus hijos se han fijado en el 51,86% frente al 34,62% de 2011, mientras que los casos cerrados por objetivos no alcanzados han bajado del 57,69% al 33,33%.
En tercer lugar, la derivación de casos al Servicio de Protección de Menores de la delegación territorial para la valoración de una posible medida protectora ha tenido el menor porcentaje de los tres últimos años. En concreto, sólo se han registrado 17 casos entre las 399 familias atendidas en 2012, lo que supone un 4,26% sobre el total, ante el 13,34% del ejercicio 2010 y el 8,82% de 2011.
Y en cuarto lugar, disminución en los tiempos de intervención. En cuanto al subprograma de riesgo social, el 91% de los casos cerrados ha requerido un tiempo de intervención inferior a 24 meses, consiguiéndose mejorar el dato del 69,10% de 2011. Por su parte, en el apartado de reunificación familiar, han aumentado los casos que concluyeron en un tiempo de intervención inferior a 24 meses, siendo en este sentido el porcentaje alcanzado del 84,18% en contraposición con el 69,24% de 2011.
Perfil de los usuarios. Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de estas características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección y hay posibilidades de retorno.
En relación a los menores atendidos, tanto en el ámbito de riesgo social como de reunificación social presentan una media de edad de 12 años, representando el 70,64% y el 65,32%, respectivamente. La cantidad de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida ha sido aproximadamente de 2.
Las familias y menores participantes en el programa vienen derivados de los servicios sociales comunitarios o del Servicio de Protección de Menores.
