Redacción. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha presidido este lunes 17 de junio la reunión del Consejo Provincial de Consumo en la que ha propuesto a los ayuntamientos de la provincia de Huelva suscribir un principio de acuerdo para implementar la gestión de la Red Alerta, con el fin de ofrecer más garantía y mejorar la celeridad de las gestiones ante las posibles irregularidades detectadas en los puntos de distribución de los productos en los municipios.
Fiscal ha explicado que éste es un sistema a escala europea de alerta rápida e intercambio de información entre las autoridades de consumo sobre productos peligrosos que representen un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores.
El delegado del Gobierno ha destacado que “lo que pretendemos con este acuerdo es articular de un modo eficaz la comunicación con la policía local en los pueblos, el Seprona en la capital o directamente con las grandes superficies cuando se detecte una alerta en las listas de distribución de productos para prevenir su exposición y venta al público”.
En la reunión del consejo, formado las Asociaciones de Consumidores Al-Ándalus, Facua y UCA, además de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), se han analizado también las reclamaciones presentadas en el Servicio de Consumo en 2012.
Entre las 1.075 presentadas el pasado año, destaca las referidas al ámbito de las telecomunicaciones con 298, fundamentalmente en telefonía móvil por irregularidades en la facturación y en las altas y bajas de contratos. Le siguen las relativas al comercio minorista con 170 reclamaciones por falta de calidad de los productos o por incumplimiento de las obligaciones derivadas de las garantías. En el sector de los suministros se realizaron 167 reclamaciones por la disconformidad en los consumos, la mala aplicación de las tarifas o los daños materiales provocados por los cortes de suministros.
Durante la reunión se ha informado de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de ratificar la sanción de 440.000 euros impuesta a la compañía Telefónica por cobrar a los usuarios por el servicio de identificación de llamadas tras haberlo ofrecido como gratuito. El expediente fue iniciado en 2011 por el Servicio de Consumo de Huelva y ha contado con el apoyo de los servicios centrales de la Junta de Andalucía.
El consejo ha analizado también el Plan de Inspección de Consumo de este año en el que hay planificadas 31 campañas con contro-les de calidad sobre productos alimenticios, productos industriales o servicios, abarcando aspectos como el control del etiquetado de los alimentos, el material escolar, las rebajas o el comercio electrónico.
En este sentido, los servicios provinciales de Consumo de la Junta de Andalucía van a realizar hasta el mes de noviembre un total de 2.752 controles en establecimientos minoristas y de servicios para comprobar el cumplimiento de la normativa en vigor, garantizando y protegiendo de este modo los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
Por último, los miembros del consejo también han conocido el programa de formación sobre consumo previsto para el último trimestre de 2013 y que está dirigido a cargos públicos y técnicos municipales con competencias en materia de consumo así como a Guardia Civil y Policía Local. La formación versará sobre las relaciones interadministrativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios o la detección de productos inseguros en el mercado, entre otros asuntos.
