Redacción. El decreto ley sobre la función social de la vivienda, que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado martes, nueve de abril, y que ha sido publicado en el Boja este 11 de abril, tiene como principal objetivo hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma.
Se trata de 700.000 y un millón de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias. Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler, crea un nuevo régimen sancionador y establece la expropiación temporal del uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario en los casos más graves de emergencia social de las familias.
Las subvenciones, que se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.
El Decreto Ley incorpora una disposición adicional que posibilitará a la Administración autonómica expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de los inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio. Con ello se pretende garantizar el derecho a la vivienda de aquellas personas en especiales circunstancias de emergencia social que se ven afectadas por estos procesos de ejecución hipotecaria, dando así una respuesta inmediata al drama social de los desahucios, que en Andalucía suman casi 86.000 desde 2007.
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, y la delegada territorial de Fomento y Vivienda, María Villaverde, han destacado el carácter social del decreto-ley sobre la función social de la vivienda,. En esta línea, han insistido que este decreto da una “respuesta a la insistente demanda de los ciudadanos y sitúa a Andalucía como una referencia en el conjunto de España”.
“No tenemos ninguna duda de que la inmensa mayoría de la ciudadanía apoya el decreto porque estamos en un momento de mucha necesidad en Andalucía, ciudadanos que ven el decreto como una esperanza para no perder sus casas”, ha concluido el delegado. En Huelva hay 3.000 familias demandantes de vivienda en alquiler según los datos de los registros municipales de viviendas.
Por su parte, la delegada de Fomento y Vivienda ha explicado que el decreto incluye un régimen sancionador para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su ‘stock’ residencial.
Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. “Para estos casos –ha explicado- la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros”.
