Redacción. La Policía Nacional ha detenido en Huelva a una pareja sentimental acusada de simular tener una empresa de contratación de trabajadores para prestar servicios de asistencia y cuidado de personas mayores mediante la que habrían engañado al menos a ocho personas extranjeras. Esta pareja supuestamente contrataba a estos trabajadores para ese servicio de asistencia «aprovechándose de la desesperación en la que vivían las familias».
El perfil de los trabajadores empleados por esta empresa era el de extranjeros de origen sudamericano que hablaban castellano y que se encontraban en situación irregular en España.
Precisamente, «aprovechando esta situación de vulnerabilidad y el desconocimiento que tenían de la legislación española, los extranjeros accedían a los servicios que le ofertaban desde esta empresa para el cuidado de personas mayores, simulando con ellos contrataciones regulares que creaban en ellos falsas expectativas para regularizar su situación en nuestro país».
De este modo, para la captación de estos trabajadores se hacían valer del vínculo que tenían con una asociación de ayuda a la integración de ciudadanos de la comunidad latina.
Los detenidos se aprovechaban de la situación de desesperación en la que se encontraban las familias que tenían familiares mayores de edad a su cargo y no podían estar con ellos a tiempo completo. Acudían a esta empresa que tenía apariencia de legalidad y que también ofertaba sus servicios a través de Internet formalizando un contrato de prestación de servicios.
Según la investigación, los presuntos autores de los hechos mostraban una gran especialización no solo por la visibilidad que tenían a través de Internet y páginas web, sino porque además producían tarjetas de visita y confeccionaban contratos de trabajo con manejo y dominio de la legislación laboral, todo ello en aras a ofrecer una absoluta apariencia de legalidad.
Así las cosas, la Brigada de Extranjería y Fronteras ha detenido a esta pareja por un presunto delito de estafa, contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal, al mismo tiempo que se ha informado a la Agencia Estatal Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para depurar las posibles responsabilidades administrativas en las que hubieran podido incurrir.
