Los vecinos de La Palma se beneficiarán de una reducción entre el 20 y el 25 por ciento en los valores catastrales

Vista aérea del centro de La Palma del Condado. / Foto: Rodolfo Barón
Vista aérea del centro de La Palma del Condado. / Foto: Rodolfo Barón
Vista aérea del centro de La Palma del Condado. / Foto: Rodolfo Barón
Vista aérea del centro de La Palma del Condado. / Foto: Rodolfo Barón

Redacción. Los vecinos de La Palma del Condado se beneficiarán de una significativa disminución de los valores catastrales de entre el 20 y el 25 por ciento. Esta medida tendrá una repercusión directa en los ciudadanos a la hora de pagar la renta, transmisiones, herencias, plusvalía o derechos reales, que experimentarán una notable rebaja.

Este objetivo se ha alcanzado como consecuencia de la moción presenta por el alcalde, Juan Carlos Lagares, en el pleno del pasado mes de octubre para solicitar a la Gerencia Territorial del Catastro de Huelva una revisión a la baja de los valores catastrales vigentes en el municipio desde el 1 de enero de 2008, que, según constaba en la iniciativa, están muy por encima de los del mercado a causa de una alta revalorización que hoy no se corresponde con la realidad, y que afecta negativamente a la presión fiscal que sufren los contribuyentes.


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La medida no sólo afectará de forma favorable a la reducción de numerosos impuestos sino que también incrementará las posibilidades de los palmerinos a la hora de conseguir ciertos beneficios, como es el caso de las becas. La reducción se aplicará a partir del ejercicio 2014, una vez sea firme su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.

También se ha dado luz verde a otras actuaciones pioneras en la provincia de Huelva como la bonificación en un 95 por ciento del impuesto de plusvalía en caso de herencia, lo que quiere decir que sólo habrá que pagar una cantidad simbólica del 5 por ciento cuando una familia herede un inmueble.


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El Consistorio palmerino ha sido además el primero de Huelva en implantar una medida de gran calado social: exigir a las entidades bancarias y no al hipotecado el abono de la plusvalía cuando se produzca una dación en pago.

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