Redacción. Las Diputaciones de Huelva, Córdoba, Jaén, Granada, Sevilla y Cádiz exigirán al Gobierno de España que compense a los ayuntamientos por las pérdidas de ingresos en la recaudación de la plusvalía y que promueva a la mayor brevedad posible una iniciativa legislativa de reforma de este impuesto teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional.
Así lo han acordado los presidentes de dichas diputaciones, reunidos hoy en la Casa Museo de los Ingleses de Punta Umbría, dentro de los encuentros periódicos que mantienen para abordar cuestiones de interés común. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha señalado que la elección del lugar «significa sumarnos a la conmemoración del 75 aniversario de la historia de William Martin, que ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno de la Nación y con la que Punta Umbría reivindica y recuerda su legado inglés».
Según Caraballo, muchos ayuntamientos de Andalucía e incluso de España, a expensas de la modificación de la actual ley que regula el Impuesto de valor de los Terrenos de naturaleza urbana -conocido como plusvalía- han modificado la recaudación de este impuesto, bajándolo o suspendiendo su aplicación para no perjudicar a los contribuyentes. «La consecuencia más inmediata ha sido la pérdida de ingresos para las arcas locales, lo que puede derivar en la merma de los servicios públicos», ha indicado Caraballo, asegurando que los ayuntamientos se ven obligados a tomar esta medida «al considerar que se trata de un impuesto injusto, ya que cuando compras, heredas o te donan algún terreno en suelo urbano, no sólo tienes que pagar el IBI de la parcela, sino también el impuesto de sucesiones y la plusvalía del terreno».
Ante esta “injusticia” -avalada por el Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos del RD Legislativo 2/2004- las diputaciones exigen al Gobierno Central la compensación a los ayuntamientos del cien por cien de las devoluciones que tenga que realizar por resolución judicial ante las reclamaciones de propietarios a los que se le cobró el impuesto de forma indebida. Asimismo y hasta que se publique la nueva normativa, piden que el Ministerio de Hacienda y Función Pública envíe una nota aclaratoria sobre el procedimiento de actuación que debe seguirse hasta la aprobación de la nueva ley.
El frente común de las diputaciones también se ha dirigido a la eliminación del regla de gasto «que asfixia a ayuntamientos y diputaciones». Caraballo ha recordado que en torno al 70 por ciento de los ayuntamientos andaluces tienen un superávit que suma casi 1.500 millones de euros -y 7.000 millones de euros a nivel nacional-, pero se ven obligados a tenerlo en los depósitos bancarios «porque se impide que se destine a crecimiento económico o mantenimiento de los servicios públicos». Según ha indicado «creemos que no es normal que aquellas administraciones que hacen bien su gestión no podamos reinvertir ese dinero para impulsar prioritariamente inversiones y planes de empleo. Y ya que hemos cumplido, soportando parte del desequilibrio de las cuentas estatales, ahora toca eliminar la regla de gasto».
Otro de los asuntos que se han abordado es la fuga de entidades financieras de las zona rurales, donde en los últimos años se ha reducido más de un 30 por ciento el número de oficinas «y donde se prevé que el ajuste más duro aún está por llegar». Los representantes de las diputaciones consideran que «además de destrucción de empleo este ajuste va a suponer importantes efectos directos e indirectos sobre el bienestar de los vecinos y vecinas». Por eso han expresado a los bancos que operan en las provincias representadas la oposición ante la anunciada reducción del número de oficinas, por los efectos perversos de la llamada “exclusión financiera” y piden al Gobierno de España a que legisle garantizando la bancarización de los entornos rurales, contribuyendo así, a la cohesión social y territorial de las provincias y a la defensa del mundo rural.
En el encuentro, los presidentes de las Diputaciones también han abordado las nuevas ayudas de la Junta a la mejora de los caminos rurales de titularidad pública, destacado «el importante impulso del Gobierno andaluz y de las diputaciones provinciales a la cohesión territorial y agrícola a través de estas ayudas». Los beneficiarios de esta convocatoria son los propios ayuntamientos. Un 60 por ciento de la inversión de cada iniciativa será aportada por la Junta, que asciende a 5 millones de euros, procedente de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, mientras que el 40 por ciento restante se completará con fondos procedentes de la Diputación y de los propios ayuntamientos hasta alcanzar el cien por cien de los proyectos.
