Redacción. El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha inaugurado la jornada ‘La reforma del régimen local’, organizada por la Diputación de Huelva, la Mancomunidad Beturia y EDIA (Empresa de Diversificación del Andévalo). Caraballo ha señalado que el mejor futuro para la administración local debe diseñarse “con el diálogo y la búsqueda de consenso”.
El presidente de la institución provincial, que ha estado acompañado por el presidente de la Mancomunidad Beturia, Manuel Domínguez, ha asegurado que esta jornada, en la que han asistido unas doscientas participantes, “es necesaria para entender el momento en el que se encuentran las entidades locales” ante el anuncio de la reforma promovida por el Gobierno central.
Al afectar a Ayuntamientos, Entidades Locales de Andalucía (ELAS), Mancomunidades y la Diputación “estamos hablando las inversiones, servicios y prestaciones básicas que, como administración más cercana, les hemos proporcionado a los ciudadanos en los últimos 30 años y que seguimos esforzándonos en mantener”.
A juicio de Caraballo, los ayuntamientos demandan una reforma local adaptada a los nuevos tiempos, basada en conceptos “como la concertación, desde el respeto mutuo y el principio básico del reconocimiento a la autonomía local”. En este sentido, considera que cada administración debe ejercer aquella competencia “que de forma más eficiente y eficaz llegue a los ciudadanos. No podemos alejar los servicios que necesitan los ciudadanos y llevarlos a las administraciones estatales o autonómicas para ahorrar costes, sino que debemos transferir y adecuar los costes a los servicios que se demandan en la actualidad”.
Para el presidente, los alcaldes y concejales, deben asumir el protagonismo en el proceso la transformación económica y social de sus territorios, “dotándolo de instrumentos legales y de financiación adecuados a los servicios que demandan los ciudadanos”.
Por su parte el alcalde de San Bartolomé y presidente de Beturia, Manuel Domínguez, ‘La reforma del régimen local: su impacto en la provincia de Huelva’ se ha celebrado en San Bartolomé de la Torre y ha incluido cuatro ponencias, que abordan distintos aspectos del contenido de la jornada. El representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, Óscar Romera, ha explicado los detalles del proyecto de Ley, mientras que el director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Camacho, de su relación con la Ley de Autonomía Local.
Por su parte, el análisis de la estabilidad presupuestaria y el coste efectivo de los servicios ha sido analizado por el interventor del Ayuntamiento de Cádiz y del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, Juan María Moreno. La incidencia de la reforma en los Gobiernos locales intermedios, Mancomunidades y Consorcios ha corrido a cargo del secretario general de la Diputación de Sevilla y del Consorcio Metropolitano de Transportes del área de Sevilla, Fernando Fernández.
La jornada ha incluido la celebración de una Mesa Redonda sobre la incidencia de la reforma en la provincia de Huelva, con la participación de un representante de cada grupo político con representación en la Diputación de Huelva.
La jornada pretende ser un punto de encuentro para todos los profesionales e interesados en general, en el mundo de la Administración local, donde se analice, examine y debata sobre la incidencia de la reforma en la provincia de Huelva. Tras la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se ha suscitado un enorme y continuo debate, no sólo dentro de la Administración local sino en la sociedad española, tanto por las consecuencias jurídicas como de control económico-financiero que promueve esta reforma.
En la provincia de Huelva donde el número de municipios de menos de 20.000 habitantes, es muy significativo, y donde el papel de la Diputación es esencial, este debate se hace más necesario, por cuanto la incidencia de la reforma en nuestra provincia afectará directamente a la prestación de los servicios básicos municipales.
