HBN. La Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha acogido la constitución del grupo de trabajo a nivel provincial del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Este órgano asesor nace con la misión de abordar con un enfoque de proximidad la violencia física y verbal en los centros de salud y hospitales onubenses, analizando datos y evaluando medidas preventivas y de actuación rápida.
Presidido por el delegado territorial del ramo, Juan Carlos Duarte, el grupo de trabajo cuenta con una representación multidisciplinar que incluye a personal técnico, interlocutores policiales sanitarios, directores gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia, profesionales guía, responsables de prevención de riesgos laborales, sindicatos de la Mesa Sectorial y representantes de todos los colegios profesionales del sector sanitario (Médicos, Enfermería, Psicología, Farmacéuticos, Trabajo Social, Fisioterapeutas, Odontólogos, Veterinarios, Podólogos, Terapia Ocupacional y Logopedia).
Durante la sesión, Duarte ha ratificado la política de «tolerancia cero» del Ejecutivo autonómico ante cualquier conducta violenta: «Defender y cuidar a quienes cuidan de la salud es una prioridad absoluta. No vamos a tolerar ninguna agresión a nuestros profesionales; bajo ningún concepto se puede justificar». Asimismo, el delegado ha apelado al civismo ciudadano para garantizar «un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto» en el uso de los servicios de salud públicos.
Medidas del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones
La puesta en marcha de este grupo provincial se incardina dentro del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones del SAS. Entre las herramientas puestas a disposición de los trabajadores agredidos destacan:
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Figura del profesional guía: Un técnico especializado que ejerce labores de acompañamiento, asesoramiento en trámites y apoyo directo al profesional tras sufrir una agresión.
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Asistencia integral: Habilitación de canales de comunicación ágiles, atención psicológica continuada y cobertura mediante asesoría jurídica para abordar los procesos de denuncia.
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Seguridad y coordinación: Refuerzo de los dispositivos de seguridad en los centros de trabajo y consolidación del trabajo coordinado con los interlocutores policiales territoriales sanitarios.
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Formación y concienciación: Programas formativos para la plantilla e iniciativas de sensibilización dirigidas a los usuarios.
Un nuevo marco legal con régimen sancionador de hasta 60.000 euros
Como medida de máxima contundencia, la Junta de Andalucía ultima la aprobación de una ley específica contra las agresiones al personal del SAS. Esta nueva regulación incorporará un régimen sancionador de carácter administrativo que fijará multas de hasta 60.000 euros para las infracciones más graves. La normativa contemplará asimismo medidas cautelares y complementarias como la restricción o condicionamiento del acceso del agresor a centros sanitarios, la reasignación forzosa de profesional o centro y una mayor coordinación con las actuaciones por vía judicial.
