Adolfo Morales. La llamada «prioridad nacional» ha irrumpido en el debate político como uno de esos conceptos destinados a provocar titulares, escándalos y enfrentamientos. Sin embargo, conviene preguntarse si realmente estamos ante una idea nueva o, simplemente, ante una versión explícita de prácticas que llevan décadas incrustadas en nuestra vida pública.
Llevando el razonamiento hasta sus últimas consecuencias, ¿por qué no hablar también de una prioridad para los vecinos de un municipio en determinadas oportunidades de empleo? ¿O de una preferencia razonable para quienes sostienen con sus impuestos los servicios locales? El problema no es el concepto. El problema es el uso político que se hace de él.
Quienes hoy denuncian con firmeza la «prioridad nacional» deberían mirar antes hacia una realidad mucho más cotidiana y menos confesada. Durante años, administraciones de todos los colores han practicado otra forma de prioridad: la de los amigos, los familiares, los compañeros de partido, los afines, los cercanos o la corte de aduladores a los que pegarse a la administración viene a ser como la lombriz que se pega a la piel y se alimenta de la sangre de la víctima., quedando inmóviles y aferrados mientras haya aliento que absorber. Una prioridad silenciosa, raramente escrita, pero perfectamente conocida por los ciudadanos.
¿Acaso no se han repartido oportunidades, empleos, contratos, invitaciones o influencias atendiendo antes a la proximidad personal que al mérito o la igualdad? Esa forma de favoritismo resulta, si cabe, más dañina, porque se disfraza de normalidad mientras erosiona la confianza en las instituciones.
Por eso sorprende que algunos conviertan la prioridad nacional en el gran escándalo moral del momento, cuando han convivido durante años con prioridades mucho más pequeñas, pero también mucho más frecuentes. La coherencia exige denunciar ambas.
Basta observar la agenda pública de muchos representantes institucionales. Hay actos sociales donde su presencia resulta inmediata. Curiosamente, suelen coincidir con personas cercanas, amistades, simpatizantes o colectivos próximos. En cambio, otros ciudadanos encuentran enormes dificultades para obtener una reunión, una respuesta o, simplemente, unos minutos de atención. También eso es establecer prioridades.
La política necesita menos consignas y más ejemplaridad. Menos discursos sobre principios abstractos y más compromiso con la equidad real. Porque la ciudadanía distingue perfectamente entre lo que se proclama y lo que se practica. Y mientras esa distancia exista, cualquier debate sobre la prioridad nacional seguirá teniendo unas raíces demasiado débiles para convencer a quien observa la realidad desde la calle.
La diferencia es que ahora además se pretende añadir un escalón más. Al viejo privilegio del amigo, del afín, del recomendado o del cercano se incorpora un nuevo filtro: la nacionalidad o la procedencia. Es decir, no se elimina el favoritismo tradicional, sino que se amplía. A la lógica del «los nuestros» se suma la de «los de aquí». El resultado no corrige una injusticia anterior; simplemente añade otra.
Y esa es la paradoja. Quienes impulsan este planteamiento no sustituyen un sistema injusto por otro más equitativo. Conservan intacta la vieja arquitectura del privilegio y le agregan un criterio identitario. Mientras tanto, quienes hoy se escandalizan olvidan que durante demasiado tiempo toleraron, practicaron o justificaron otras formas de preferencia que nunca dependieron del mérito, sino de la proximidad política, personal o familiar.
Por eso el debate resulta tan estéril. Unos pretenden ampliar el perímetro de la discriminación; otros denuncian esa ampliación sin haber desmontado jamás los mecanismos de favoritismo que llevan décadas erosionando la igualdad de oportunidades. Unos añaden un muro. Los otros nunca terminaron de derribar el anterior.
