Adolfo Morales. En Huelva, defender la sanidad pública no es una consigna, es una evidencia de que esto no está funcionando bien. Sin embargo, hay que seguir saliendo a la calle para recordar algo tan elemental como que la salud no puede depender del saldo de una cuenta corriente. Esa es la obscenidad de fondo: que en una de las provincias con menos renta percampita, enfermar empiece a parecer un lujo.
La indignación no nace de un capricho ideológico. Nace de las salas de espera abarrotadas, de las citas que se aplazan, de los especialistas que tardan demasiado, de las operaciones que se alejan como si el dolor pudiera ponerse en pausa. Mientras tanto, la medicina privada recoge a quienes pueden pagar la velocidad que el sistema público ya no garantiza. El resultado es un modelo sanitario partido en dos: el de quienes esperan y el de quienes pagan el impuesto.
Y Huelva no parte precisamente de un terreno inocente. Es una ciudad que arrastran, desde hace décadas, la sombra de una industria química señalada por sus efectos sobre el aire, el entorno y la salud. Aquí la palabra prevención debería pronunciarse con solemnidad, no con desgana administrativa ni cálculos de despacho, ni menos con sonrisas de chicos buenos en la primera comunión.
Lo más hiriente es escuchar discursos solemnes sobre justicia social pronunciados por responsables que parecen no pisar una sala de espera desde hace años. Hay una forma de cinismo particularmente cruel: invocar el bienestar común mientras se normaliza que miles de personas busquen fuera lo que antes encontraban dentro, sin olvidar ni un instante la situación de estrés y precariedad de los cuadros médicos, y agradecer siempre la profesionalidad de médicos, enfermeros y técnicos del Servicio Andaluz de Salud, implicados en el objetivo de garantizar al máximo los estándares de calidad y sensibilidad con la ciudadanía.
La sanidad pública fue una de las victorias más decentes de este país. No era perfecta, pero sí contenía una promesa civilizatoria: que nadie quedaría solo ante la enfermedad. Cuando esa promesa se resquebraja, no solo falla la gestión. Falla el contrato moral de una democracia consigo misma.
La ciudadanía se manifiesta una y otra vez porque sabe lo que está en juego. La sanidad pública no cayó del cielo: se consolidó como un valor indispensable con el Estado del bienestar. Y hoy muchos perciben, con razón, que los ratios, las demoras y la saturación empujan lentamente a la medicina privada. Las clínicas se llenan de personas que antes acudían a la Seguridad Social y que ahora pagan por la urgencia de vivir. Porque la enfermedad no espera. El cáncer no espera. El dolor no espera.
Por eso la protesta retrata. Y lo que retrata hoy en Huelva es un sistema fatigado, una ciudadanía cansada y una pregunta insoportable flotando en el aire: cuánto tiempo más puede esperar un enfermo antes de convertirse, también él, en estadística. Y la pregunta siguiente es ¿Y vosotros responsables administrativos, defendeis con suficiente determinación a los onubenses, seguro?
