La nueva Ley de Infancia y Adolescencia fomenta la participación de los niños en la sociedad

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía incorpora a la norma los cambios sociales de los últimos 20 años.

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HBN. El Consejo de Gobierno ha aprobado la tramitación de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que nace con la vocación de dar voz a los niños y niñas, y adolescentes, fomentando su participación en la sociedad. Esta nueva norma plantea avances y mejoras sobre la actual Ley 1/1998, de 20 abril, de los derechos y atención al menor, y para su redacción se han tenido en cuenta los cambios sociales y la evolución de la propia sociedad durante estos más de 20 años.

El proyecto de ley tiene como objetivo garantizar la protección a la infancia y adolescencia, atender las necesidades que ya existían y las que han surgido posteriormente, regular los derechos y deberes que asisten a las personas menores de edad y definir el ámbito competencial de la Administración de la Junta de Andalucía en esta materia, creando escenarios para la participación infantil.



Para ello se crea un órgano de participación, el Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes, donde puedan expresar sus opiniones, intercambiar ideas, reflexionar sobre los problemas que les atañen, adoptar acuerdos y efectuar propuestas. Según esta ley, las personas menores de edad tienen que poder ser protagonistas de sus derechos e iniciarse como ciudadanos y ciudadanas que participen en la sociedad, asumiendo un rol activo, para lo que se les reconoce capacidad y se propicia que adquieran autonomía.

Igualmente, la ley aborda el derecho fundamental a ser oído y escuchado que modificó la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. El ejercicio de este derecho tendrá una dimensión individual y las administraciones garantizarán este derecho en todas las cuestiones que le afecten en su ámbito personal, familiar y social.



Sistema de información e indicadores

Una de las novedades más destacadas es la definición de un sistema de información e indicadores que se proyecta a partir de fuentes primarias como el sistema educativo y el de salud y que va a permitir, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, medir y conocer el bienestar real de la infancia y adolescencia andaluzas al objeto de planificar unas políticas adecuadas para su desarrollo.

En las primeras etapas de la vida se pueden acumular desigualdades sociales que repercuten en la morbilidad, mortalidad y el bienestar en la edad madura y la vejez, unos efectos acumulativos en el desarrollo y el bienestar que se transmiten a las generaciones sucesivas. En este sentido, se ha abordado un planteamiento integral en el que también se tiene en cuenta a las familias, al ser ejes principales y primordiales para su desarrollo.

Entre otras, las actuaciones que se contemplan en el ámbito de la salud se inician con el embarazo, velando especialmente por la salud prenatal. En el ámbito educativo, destaca el compromiso de las administraciones públicas de disponer de plazas gratuitas para menores con edades comprendidas entre los 0 y 3 años que se encuentren en zonas de exclusión social de modo que se promueva la función compensatoria de la educación. Finalmente, en el área de los servicios sociales, se introduce la mediación familiar como herramienta de prevención de situaciones de riesgo.

Respecto a los derechos consolidados, la nueva Ley de Infancia y Adolescencia ofrece mayores garantías sociales y familiares con la finalidad de que su ejercicio sea real tanto en el seno de la sociedad como en el de su propia familia. En el mismo título, se regulan los deberes de estas personas, en una dimensión más moral que jurídica, pero con el objetivo de educar en la asunción de responsabilidades.

Protección

Asimismo, se regula y protege el derecho a la identidad de las personas menores de edad. La protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen en el ordenamiento jurídico es una de las más complejas por la rápida evolución de los nuevos escenarios de comunicación y de difusión de imágenes. Por ello, la Administración de la Junta de Andalucía adquiere el compromiso de diseñar estrategias que ayuden tanto a los padres, madres y tutores como a la comunidad educativa para afrontar y gestionar las situaciones que se derivan de estos espacios virtuales: redes sociales, consumo, juegos de azar y apuestas, ocio, videojuegos, etcétera.

Finalmente, el título dedicado a la protección del menor recoge la declaración de la situación de riesgo cuyo encuadre legal está en la Ley 26/2015, de 28 de julio y que supera la ley andaluza de 1998. La declaración de una situación de desamparo y, en consecuencia, la asunción de la tutela responderá a la instrucción de un procedimiento administrativo reglado, siendo un avance en esta ley el establecimiento de plazos concretos y muy delimitados. También lo es la nueva figura de la guarda provisional, que es asumida por la entidad pública cuando así lo estime para ejercer la protección del menor o determinar las
circunstancias que inciden en una posible situación de desprotección, para lo que los plazos son especialmente cortos.

En relación con la atención residencial, se define un modelo donde priman la calidad y calidez de las actuaciones y se establecen unos límites mayores que en la normativa estatal en coherencia con la apuesta decidida de la comunidad autónoma por el acogimiento familiar. Por otro lado, se limita la edad para el ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, para lo que se establece la edad mínima de 13 años; se regula la obligatoriedad de los seguimientos postadoptivos, tanto en casos nacionales como internacionales, con una periodicidad semestral al menos; y se establece que las entidades públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente para menores que se encuentren con una medida de protección, que comenzarán al menos
dos años antes de su mayoría de edad y hasta los 25 años.

Plan de Infancia y Adolescencia

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, al objeto de la planificación de estas actuaciones, dispondrá un Plan de Infancia y Adolescencia de cuatro años de duración que determine las políticas públicas para lograr el bienestar y calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes. Este plan contará con la colaboración de todas las administraciones públicas de Andalucía y con la participación de la ciudadanía, entidades de iniciativa social y, especialmente, con la infancia y adolescencia.

La ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía se compone de 141 artículos distribuidos en 6 títulos, 10 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.

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