Redacción. El Ayuntamiento de Punta Umbría quiere expresar “su completa disconformidad con el Ministerio Fiscal” en el juicio del apuñalamiento del subinspector jefe de la Policía Local, Antonio Garrido. Desde el Ayuntamiento se solicita al Juez “la pena máxima para el autor de las puñaladas”. Para el concejal delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento puntaumbrieño, Alejandro Rodríguez, “no se entiende que la Fiscalía llegue a un acuerdo con la defensa para que el vendedor ilegal autor del apuñalamiento no entre en la cárcel”. No obstante, ha indicado su “confianza y esperanza en que el juez acepte la petición realizada por la acusación particular y que lo condene a la máxima pena solicitada”.
El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que “no comprendemos el criterio del Ministerio Fiscal y pensamos que no debería haber dejado sola a la acusación particular en la petición de prisión”. De hecho, Alejandro Rodríguez ha indicado que “gracias a la acusación particular, por cierto abonada por el Ayuntamiento, el vendedor ilegal está ahora en la cárcel”. Del mismo modo, el responsable de la Policía Local puntaumbrieña ha indicado el “apoyo total del Ayuntamiento a los agentes” y ha asegurado que su respaldo para “llegar hasta el final en términos procesales”.
Alejandro Rodríguez ha insistido que espera “que se haga justicia y que las actuaciones de las fuerzas de orden público estén respaldadas porque una pena de dos años, eludiendo la prisión, no ayuda a proteger a los agentes cuando estén realizando sus funciones”. Asimismo ha agradecido “al bañista que grabó el vídeo donde se demuestra el apuñalamiento porque gracias a él ha habido juicio”.
Desde CSIF también quieren solidarizarse con la Policía Local de Punta Umbría, en especial con su Subinspector Jefe, Antonio Garrido, que sufrió una grave agresión el pasado 7 de agosto. Según expresan, es especialmente significativo y ha provocado un gran malestar en el colectivo de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la labor de la Fiscalía, que ha estado más pendiente de conseguir una condena -aceptada por la defensa- de 2 años para así facilitar que el acusado eluda la prisión, que de hacer justicia.
Sin la labor de la acusación particular de los agentes afectados, facilitada por el Ayuntamiento de Punta Umbría, es probable que el detenido a estas horas estuviese en su casa. Esto nos lleva a compartir el criterio de la acusación particular, a la que la Fiscalía ha dejado sola, en su petición de más de 2 años de cárcel. «Con acciones como la de hoy, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad sienten el desamparo y abandono del Ministerio Fiscal. Esperamos que se haga justicia y por ello deseamos que el juez no atienda al acuerdo de la Fiscalía con la Defensa». Debe estar por encima el bien jurídico que se protege, que es la vida y la integridad de los agentes de la autoridad, cuando ejercen sus funciones; con peticiones como ésta queda en entredicho.
Finalmente, desde CSIF se pide contundencia y ejemplaridad en la sentencia para que se respalde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad evitando que queden desamparados; al mismo tiempo, se daría un ejemplo nefasto de la Justicia hacia la ciudadanía. Hablamos de crear inseguridad y desconfianza entre los agentes, que pueden sentirse desprotegidos y a merced de personas que decidan agredirlos.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Huelva también ha querido expresar su apoyo, además de sorpresa y malestar por la petición de tan solo dos años de condena aceptada por la Fiscalía y acordada con la defensa, para así facilitar que el agresor pueda eludir la prisión. «Nos solidarizamos igualmente con todos los miembros de las F.C.S.E., que ante el acuerdo suscrito entre Fiscalía y defensa quedan indefensos ante agresiones de esta naturaleza y vemos cómo, sin una acusación particular que nos defienda en estos casos, los organismos del Estado no protegen de forma adecuada a los agentes que son agredidos, con peticiones de penas a todas luces insuficientes».
Desde la asociación afirman que les provoca un profundo malestar esta decisión y una sensación de abandono y desamparo que el Ministerio Fiscal llegue a este tipo de acuerdos. Además, nos hallamos ante unos hechos que han sido observados por muchos ciudadanos, por lo que si no se actúa de forma contundente se está ofreciendo una sensación de inseguridad hacia los agentes y de seguridad a los agresores que no son condenados de forma adecuada por las agresiones que puedan realizan contra los agentes de la autoridad.
Por ello, desde AUGC se suman a la petición de la acusación particular, más ajustada a los hechos, tal como se ha demostrado y esperan que el tribunal tenga en consideración las alegaciones presentadas por dicha acusación. «Consideramos que la labor de los trabajadores de la seguridad pública debe ser apoyada por todos los estamentos del Estado, y en especial cuando existen agresiones hacia ellos, con la petición de condenas adecuadas a las agresiones para que el agente se sienta protegido y los agresores tengan la certeza de que serán condenados con condenas proporcionadas».
