Fiscal destaca el papel protagonista de los municipios andaluces en el desarrollo de la Ley de Medidas frente al Cambio Climático

El consejero inaugura una jornada para informar a Ayuntamientos y Entidades Locales en la sede de la Diputación Provincial de Huelva.

Redacción. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha participado en la apertura de la jornada ‘Cambio Climático y Administración Local. Los Planes Municipales contra el Cambio Climático’, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva para dar a conocer el contenido de la nueva Ley vinculada al papel de las administraciones locales y provinciales. En la inauguración del encuentro también han participado representantes de la Diputación Provincial.

La Ley de de Medidas frente al Cambio Climático y para la Transición hacia un nuevo Modelo Energético en Andalucía aspira a ser un eje transversal de las políticas de la Administración autonómica, estableciendo los instrumentos, procedimientos y objetivos en las medidas de mitigación, adaptación y comunicación frente al cambio climático, así como sentando las bases y definiendo la ambición de un nuevo modelo energético en Andalucía basado en la eficiencia y en la utilización de las fuentes renovables.       

Para ello, el  Plan Andaluz de Acción por el Clima, máximo instrumento de planificación de políticas en materia de cambio climático,  marcará los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales. Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, se prevén el texto incluye nuevos instrumentos obligatorios, como los Planes Municipales contra el Cambio Climático, que elaborados y aprobados por los Ayuntamientos, serán de carácter obligatorio para todos los municipios.




Según Fiscal, “queremos que estos planes sean instrumentos dinámicos y flexibles, por lo que los ayuntamientos deberán elaborar y aprobar, cada dos años, un informe sobre el grado de cumplimiento de sus planes”. Además, para garantizar que se apliquen y para lograr que poblaciones más pequeñas o con menos recursos tengan dificultades, se podrán elaborar y aprobar planes contra el cambio climático para más de un municipio, a través de las entidades e instrumentos de cooperación territorial contemplados en la de Autonomía Local de Andalucía. Asimismo, las Diputaciones Provinciales, en el ámbito de sus competencias, también podrán prestar apoyo a los municipios para la elaboración de esta normativa.

En estos planes, los municipios deberán realizarán un análisis y evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio y, en particular, de las infraestructuras, equipamientos y servicios municipales. Se Identificarán  los elementos vulnerables y de los impactos del cambio climático sobre el territorio municipal, basado en el análisis de los Escenarios Climáticos regionales, incluyendo el análisis de eventos meteorológicos extremos. También se llevarán a cabo actuaciones para la reducción de emisiones, considerando particularmente las de mayor potencial de mejora de la calidad del aire en el medio urbano.




A este respecto, José Fiscal ha asegurado que “la responsabilidad de los municipios en materia de cambio climático es incuestionable, ya que su liderazgo y capacidad de adaptación son básicos para implementar las medidas de lucha contra este fenómeno en toda la región con garantías”.  “Ahora más que nunca, por imperativo legal, su acción debe ser ejemplar”, ha recalcado.

Los Planes Municipales contra el Cambio Climático deberán hacer especial hincapié en las actuaciones para la sustitución progresiva del consumo municipal de energías de origen fósil por energías renovables producidas in situ, en iniciativas en materia de construcción y rehabilitación energética de las edificaciones municipales al objeto de alcanzar unos determinados objetivos de eficiencia y ahorro energético. También en medidas para impulsar la transición energética en el seno de los planes de movilidad urbana y en acciones concretas para optimizar el alumbrado público, de tal manera  que, de acuerdo con la legislación aplicable, se minimice el consumo eléctrico, se garantice la máxima eficiencia energética y se reduzca la contaminación lumínica.




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