Redacción. La Junta ha promovido en 2014 un total de 67 mediaciones con menores infractores en la provincia de Huelva como mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos y alternativa a los litigios, según el balance realizado por la Consejería de Justicia e Interior como responsable del desarrollo de estos programas de reeducación.
Este balance pone de relieve que el 88% de las mediaciones realizadas durante el pasado año en esta provincia con menores infractores, concretamente 59, fueron resueltas de forma positiva y evitaron de esta forma que el caso tuviese que ser resuelto en un juicio. Estos datos reflejan que Huelva es la provincia andaluza con un mayor porcentaje de resoluciones satisfactorias en los procesos de mediación.
La mediación se plantea como una solución alternativa a los litigios, no sólo de forma previa al proceso judicial, sino también durante su fase de ejecución, lo que se denomina mediación intrajudicial. Con esta medida, la Consejería de Justicia e Interior trata de evitar que todos los procesos penales lleguen al juzgado para excluir del proceso judicial aquellos asuntos en trámite que puedan ser solventados extrajudicialmente con el común acuerdo de las partes.
Por sexos, en toda Andalucía el número de mediaciones realizadas durante 2014 es bastante superior entre los menores varones, que representan el 70%, frente al 30% de las chicas. En cuanto al resultado de la mediación, en el caso de las menores se ha resuelto favorablemente en el 63,7% de los expedientes iniciados, mientras que en el de los chicos ha sido el 64,5%.
Los profesionales de los equipos de menores inician el proceso de mediación con el fin de que el menor infractor se responsabilice de las consecuencias de su delito o falta, comprenda el mal que haya causado, pida perdón a la víctima y repare el daño causado con las medidas que en cada caso se establezcan para ello.
Este tipo de soluciones extrajudiciales responden a una finalidad educativa y socializadora basados en la prevención general. Además, la mediación conlleva múltiples beneficios como el ahorro de costes y de tiempo, ya que en cuestión de meses se pueden solucionar muchos conflictos por esta vía frente a la tardanza que conlleva un proceso judicial.
Igualmente, resulta fundamental el valor de participación de las partes en litigio, lo que refuerza la solución alcanzada, al haber sido acordada y compartida, motivo de una mayor satisfacción que una sentencia impuesta por un juez.
La función del mediador no es, sin embargo, resolver el conflicto, sino conducir el proceso técnicamente para modelar la negociación. Estos profesionales no solamente informan y observan, sino que preparan también a las partes para el encuentro, introduciendo elementos de reflexión que posibiliten el acercamiento y el acuerdo.
El fomento de la mediación es una prioridad y una línea estratégica para el Gobierno andaluz, ya que contribuye a solucionar la alta litigiosidad existente actualmente en la Administración de Justicia y ofrece una respuesta más rápida y práctica para todas las partes implicadas.
