Redacción. El Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad, un órgano asesor de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cuya finalidad es promover la participación de organizaciones representativas de intereses sociales en materia cinegética, piscícola, forestal, de flora y fauna y ambiental, ha dado luz verde a la declaración de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de Sierra Pelada y Rivera del Aserrador y de Peñas de Aroche (ambos catalogados como parajes naturales) como nuevas Zonas de Especial Conservación (ZEC).
El primero es un área de media montaña que abarca a 12.226 hectáreas de los términos municipales de Almonaster La Real, Aroche, Cortegana y Rosal de La Frontera y presenta una topografía de contrastes, con sierras lineales cubiertas de vegetación, barrancos profundos y el bosque galería que escolta al río Rivera del Aserrador. El segundo se concreta en 718 hectáreas de bosques de encinas y alcornoques acompañados de brezos, jaras, madroños y coscojas que se convierten en un espacio prolífero para la nidificación del buitre negro, sin olvidar otras especies como el milano real, el águila real, el águila perdicera, el búho real o la cigüeña negra, entre otras.
Ambos Lugares de Interés Comunitario dan así un paso decisivo hacia su transformación en ZEC mediante la puesta en marcha de planes de gestión, unos documentos que, como ha expresado la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, tienen la misión del mantenimiento de un estado de conservación favorable tanto de los hábitats como de las especies de interés comunitario que justifican su designación como LIC y como ZEC.
La responsable de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva ha insistido, en esta línea, en que se ha dado el paso necesario hacia la adhesión definitiva de estas zonas a esa figura europea de protección de la Red Natura 2000. Tras esto, de hecho, ya sólo falta que el Consejo de Gobierno ratifique la declaración final y se culmine un proceso que incluye un periodo de exposición pública tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y la consulta expresa a los agentes sociales, económicos, grupos ecologistas o ayuntamientos.
