Redacción. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha manifestado en Almonte que con la aprobación del Plan de la Corona Forestal en Consejo de Gobierno, la Junta de Andalucía «cumple con sus compromisos».
En este sentido, ha asegurado en el trascurso del pleno del Consejo de Participación de Doñana, que la compatibilidad entre la actividad agraria del entorno y la conservación del espacio natural y del acuífero ha dado un importante paso con la aprobación del Plan «que contribuirá a garantizar el futuro socioeconómico de la comarca y la protección de Doñana».
En opinión de la consejera, el Plan de la Corona Norte, dotado con un presupuesto de 65 millones de euros, permitirá que todas las administraciones, en especial la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, continúen o inicien acciones para que la ordenación de los regadíos sea social, económica y ambientalmente sostenible.
María Jesús Serrano ha solicitado a la CHG que «agilice» la regulación de los regadíos de su competencia. La máxima responsable de Medio Ambiente ha mostrado su apoyo a los trabajadores agrícolas que se han concentrado esta mañana a las puertas de la sede del Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medio Ambientales (Ciecema) de Almonte.
La consejera ha indicado que «entiende su preocupación y ha manifestado que con la aprobación del Plan de la Corona Norte hemos hecho un esfuerzo importante para dar seguridad jurídica a los empresarios y agricultores de la zona, lo que contribuirá sin duda a que los productos que se cultiven en estas cuencas puedan competir en mercados internacionales en igualdad de condiciones con el resto, al tiempo que se incentivará la generación de empleo». Para Serrano, el trabajo que realiza la Consejería en el Parque Nacional y Natural de Doñana, persigue compatibilizar la conservación de este espacio único en el mundo, con el desarrollo económico de la zona de una forma sostenible.
Por otro lado, Serrano ha anunciado que el primer semestre de 2015, Doñana dispondrá ya de su nueva planificación, una vez que se culmine la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Según Serrano, a través de estos planes se desarrollará de forma más específica la gestión de los valores que han hecho de este enclave Zona Especial de Conservación de la Red Natural 2000.
Estos instrumentos de planificación, que serán únicos para el parque natural y nacional, incluirán también los criterios para responder a las obligaciones de su condición de Reserva de la Biosfera, además de ejercer como Plan de Acción de la Reserva. Todo ello supondrá además una ampliación de unas 14.000 hectáreas de la superficie protegida, ubicadas en montes públicos de la Junta de Andalucía.
Durante su intervención en el pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, la consejera ha destacado que este enclave sigue manteniendo los valores universales que llevaron a declararlo Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, lo que lo convierte en un referente entre todos los espacios protegidos.
A estos reconocimientos se puede sumar otro más, si se confirma su entrada en la Lista Verde, un selecto grupo que ha elaborado la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con 24 espacios naturales de todo el mundo. Con esta distinción, que ya tiene Sierra Nevada «se valora y recompensa la innovación, la excelencia y el esfuerzo».
A todo ello, hay que sumar el proyecto Life que ha presentado la Consejería ante la Unión Europea, con un presupuesto de 5,5 millones de euros. Esta iniciativa, denominada AdaptaMed, va a aprovechar la Red Andaluza de Observatorios de Cambio Globa¡ para investigar en los tres parques con observatorios – Cabo de Gata-Níjar, Sierra Nevad y Doñana- los efectos y las herramientas para combatir el cambio climático.
Por último, la consejera ha resaltado el trabajo que realizan todos los profesionales de este espacio, quienes «mantienen los estándares de excelencia que debe acreditar este espacio protegido». No en vano son ya 50 los años que tiene la Estación Biológica de Doñana, 45 desde que declaró Parque Nacional, el primer espacio protegido de Andalucía, 25 del Parque Natural y 20 de la inclusión del Parque Nacional en la Lista de los Lugares Patrimonio Mundial de la Unesco. La titular de Medio Ambiente ha destacado que los avances conseguidos pueden confirmar «el buen estado de conservación y de gestión de este espacio», lo que ayudará a revalidar la declaración de Patrimonio de la Humanidad ante la Comisión de la Unesco.
Según Serrano «Doñana se ha consolidado como un espacio protegido que sigue siendo una referencia en Europa y en el mundo en cuanto a los valores naturales y culturales que alberga, la investigación, la gestión y la modernización de la gobernanza».
Finca de Matalagrana. Por otro lado, la organización agraria Asaja-Huelva hace un llamamiento urgente a las administraciones para que eviten por todos los medios la clausura de los pozos de riego de la finca experimental de Matalagrana, una explotación integrada que produce frambuesas y fresas ecológicas desde el año 1996, año en el que fue suscrito el convenio entre el Ayuntamiento de Almonte, la Junta de Andalucía y los 18 productores hortofrutícolas que debían instalarse y explotar estas tierras como muestra de agricultura sostenible en el entorno de Doñana.
Ahora, poco después de la aprobación del Plan de la Corona Norte de Doñana con la connivencia de todas las administraciones, plan que incluye además estas tierras dentro de la superficie regable delimitada por el documento, el Seprona acaba de recibir la orden de la Fiscalía de clausurar los 13 pozos con los que se riegan los cultivos de esta finca. El cierre de los pozos supone la pérdida inmediata de los cultivos que en este momento se desarrollan allí, y por tanto, la ruina de los 18 agricultores que explotan estas tierras y de sus familias, que a su vez, sin subvención alguna, dan empleo fijo a 600 personas cada año, generan 400.000 jornales y facturan 53 millones de euros anuales que, si se cierran los pozos, se esfumarán, al igual que parte de la renta de la sociedad de la zona.
La causa de esta incongruencia no es más que un error administrativo que se produjo muy poco tiempo después de la firma del convenio. La propia Junta de Andalucía, a través de otro de sus departamentos, comunicó al Gobierno la falta de uso de los pozos que acababa de conceder a los agricultores, con lo que se inició un proceso que ha desembocado, cerca de 18 años después, en la orden de cierre definitivo de las fuentes de riego de estas tierras.
Llegados a este punto y ante la inminencia del proceso de cierre de los pozos y el desastre que esto supondría para la economía de la zona, Asaja-Huelva exige a las administraciones competentes que hagan todo lo que esté en su mano para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir conceda de forma inmediata un permiso de riego y que así se paralice temporalmente ese proceso de clausura de los pozos, hasta tanto en cuanto se pueda llegar a una situación de legalidad administrativa para los mismos.
Cabe destacar, por último, que durante casi dos décadas estos agricultores han cumplido con los requisitos de producción integrada y de sostenibilidad acordados en el convenio que contemplaba el uso del agua para este fin. Han cuidado de usar sólo el agua imprescindible y han llevado a rajatabla la prohibición de usar químicos que pudiesen afectar al acuífero, por lo que, más que nunca, el cierre de los pozos de Matalagrana es una medida absolutamente injustificada.
