Redacción. El Ayuntamiento de La Palma del Condado, a cuyo frente se encuentra Juan Carlos Lagares, ha cumplido en su totalidad el plan de ajuste aprobado en su día para acogerse al Real Decreto Ley 4/2012, promovido por el Gobierno central y que permitió el pago a proveedores, y ha finalizado el año 2012 con un ahorro neto positivo de 782.000 euros, un 1.719 por ciento más de lo previsto, ya que en principio estaba fijado en el plan en 43.000 euros.
El cumplimiento del plan se ha producido como consecuencia de una rigurosa política presupuestaria que ha permitido, no sólo cuadrar las cuentas, sino también posibilitar un incremento de la capacidad de financiación del Consistorio, aspecto clave de cara a futuros ejercicios. Además, la meta se ha alcanzado manteniendo todos los servicios ciudadanos y aplicando numerosas ayudas sociales para los más desfavorecidos.
Los pilares fundamentales que han hecho posible alcanzar el objetivo han venido de la mano de una gestión de aspectos fundamentales como la potenciación de la inspección tributaria, con el fin de que cumplan con sus obligaciones fiscales todos los ciudadanos y empresas, e impedir de esta forma que las consecuencias económicas negativas que provocan quienes no abonan sus impuestos recaigan sobre el resto de los vecinos.
La interventora del Ayuntamiento de La Palma del Condado, Manuela Moro García, recoge en el informe elevado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que las medidas que se propusieron en el plan de ajuste para el ejercicio 2012 «han sido llevadas a cabo y ejecutadas en su totalidad con el consecuente reflejo contable», lo que queda reflejado en los estados de ejecución de la liquidación del presupuesto.
Asimismo indica que «derivado de las medidas tributarias ejecutadas se obtiene un incremento de ingresos corrientes superior al objetivo propuesto en este año en el plan de ajuste» y que ello «permite obtener un balón de oxigeno para el devenir diario y el funcionamiento de este Ente Local».
Las medidas que se han aplicado para lograr la meta han incluido, entre otras, la reorganización administrativa en áreas departamentales y la externalización de contratos. Otro de los aspectos sustanciales ha sido llevar a cabo estudios de viabilidad y análisis de coste-beneficio realizados por el técnico competente en la materia o por la Intervención y acreditados con los correspondientes informes preceptivos de las distintas áreas a las que afectan.
