Garantizan un año más la prestación en la provincia del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo

Han renovado los convenios de colaboración con la Diputación y los municipios onubenses de más de 20.000 habitantes que hacen posible su desarrollo.

El convenio se ha renovado por un año más.
El convenio se ha renovado por un año más.

Redacción. La Junta, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, garantiza un año más la prestación en la provincia de Huelva del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo o Desprotección, tras renovar hoy los convenios de colaboración con la Diputación y los ayuntamientos onubenses de más de 20.000 habitantes –Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte, Moguer y Aljaraque– que hacen posible su funcionamiento. Un total de 404 familias y 759 menores a su cargo accedieron en 2016 a este programa.

La prórroga de los convenios, cuya firma ha estado presidida por el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, en compañía del delegado territorial del ramo, Rafael López, va acompañada de una inversión por parte de la administración autonómica dirigida a las entidades locales que asciende a un total de 1.214.741 euros (el 75% de su coste total).

Romero ha destacado “el compromiso y la apuesta de la Junta por seguir po-tenciando todas aquellas medidas que tiene en marcha para apoyar a las familias que más lo necesitan y proteger a la población infantil, sobre todo en un periodo de crisis como el que aún estamos atravesando, al que desde el Gobierno andaluz se ha dado respuesta con un incremento del esfuerzo, la preocupación y las políticas orientadas al colectivo”.

El PTF es un programa fundamentalmente preventivo que tiene una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal crecimiento, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno, tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Así, se divide en dos subprogramas: de riesgo o desprotección y de reunificación familiar.

Equipos de tratamiento familiar (ETF). La aportación económica de la Junta va específicamente destinada a financiar el mantenimiento de los 13 equipos de tratamiento familiar (ETF) existentes en la pro-vincia onubense, que son los encargados de aplicar el programa y realizar las inter-venciones con la población diana. Se trata de unos equipos, dependientes de las entidades locales, que están integrados por un total de 41 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares.

Los ETF atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los servicios sociales comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos.

La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores decretadas por la Junta.

Nuevo decreto. El Gobierno andaluz aprobó a finales de 2015 un nuevo decreto que regula y da rango normativo al programa, reforzando así un modelo de atención ya consolida-do tras una trayectoria de 16 años. Entre las novedades del decreto se encuentra la incorporación de un nuevo sistema de financiación para hacerlo más estable -se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias- y garantizar el respeto a la autonomía local.

Además del modelo de financiación, el decreto introduce también como particularidad que los ETF aborden de forma específica la problemática de la violencia familiar en los casos en los que hayan intervenido, así como colaboren con los centros de atención a inmigrantes cuando haya menores en situación de riesgo o desprotección familiar, a través de protocolos de cooperación.

Perfil de los usuarios. Según la memoria de actividad del programa, las familias destinatarias presen-tan alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se en-cuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.

Con relación al perfil de los menores atendidos, en el apartado de riesgo social presentan una edad media de 12 años, mientras que en reunificación familiar el más característico coincide con la franja de 4 a 6 años. El número de niños por cada fami-lia o unidad de convivencia atendida continúa siendo aproximadamente de dos.

Las personas usuarias son derivadas tanto de los servicios sociales comunita-rios como del servicio de Protección de Menores de la delegación territorial.



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